La publicación de la modificación definitiva del PGOU en el Boletín de la Comunidad, además, eximirá de abonar al consistorio ribereño los más de 12 millones de la sentencia que está recurrida

La alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, y el primer Teniente de Alcalde, David Estrada, han anunciado esta semana la publicación, por parte de la Comunidad de Madrid, de la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU en el ámbito de Las Cabezadas, hecho que obliga a la empresa adjudicataria del contrato a cumplir con el mismo en los términos en que fue suscrito. Moreno ha explicado que esta publicación de la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU por silencio administrativo estuvo parada en el Boletín Oficial de la Comunidad desde el año 2011 hasta ahora. “Durante los cuatro últimos años de gobierno del PP, alguien ha hecho dejación de funciones en la defensa de los intereses de Aranjuez, y se llama María José Martínez”. El PAU de Las Cabezadas se incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana en 1996, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y preveía un ámbito de suelo urbanizable no programado a ejecutar por el sistema de expropiación. Este Plan se aprobó con un informe ambiental favorable emitido por la Consejería de Medio Ambiente, lo que certificaba que el gobierno regional estaba de acuerdo. La Dirección General de Urbanismo lo propuso como una unidad de desarrollo equilibrado apoyado en la red de ferrocarril y con una capacidad residencial de 3.000 viviendas. En 2003, el entonces alcalde del Partido Popular, José María Cepeda, adjudicó el desarrollo a Isolux. Sin embargo, ese mismo año Cepeda pierde unas elecciones ante el socialista Jesús Dionisio Ballesteros, que interpreta que aquel convenio era lesivo para la ciudad y entiende que la mejora pasa por recibir un 10% de las viviendas protegidas y 24 millones de euros como participación de los beneficios que obtendría la empresa adjudicataria. Según palabras de la actual alcaldesa de Aranjuez, “a partir de ahí, es la propia Comunidad de Madrid la que se salta su propio criterio e incumple sus propias normas, -el PGOU del 96-, aduciendo que en la zona existe un interés edafológico del suelo que ya existía cuando se aprobó el Plan y que estaba tan solo vigente hasta el desarrollo del suelo”. Moreno ha definido estos hechos como un “boicot premeditado de los gobiernos de Esperanza Aguirre al desarrollo de un Plan General que había sido aprobado por la propia Comunidad de Madrid en 1996”. Ante esta situación, la empresa adjudicataria decidió denunciar a la institución regional en 2011 “sin que el Ayuntamiento de Aranjuez ejerciera una correcta defensa de sus intereses”. Poco después, la empresa desistió de esta demanda y denunció posteriormente al Consistorio ribereño “hasta conseguir una sentencia, -que a día de hoy está recurrida ante el Tribunal Supremo-, que condenaba al Ayuntamiento a indemnizar a Cabezadas Aranjuez S.L. (Isolux) con más de 12 millones de euros. Además del grave perjuicio económico, que obligaba a devolver el dinero adelantado, se generaba un problema urbanístico “dado que gracias a las plusvalías del desarrollo de Cabezadas se abonaba una sentencia histórica de los años 80 (ahora condenados a devolver) y se harían frente a las expropiaciones del Raso de la Estrella, las cuales, según el PGOU, ha de abonar el desarrollo de Cabezadas”. La alcaldesa de Aranjuez ha recordado que en diciembre de 2013, los socialistas presentaron al pleno una propuesta que instaba al Gobierno municipal a defender los intereses del Ayuntamiento, demandando a la empresa adjudicataria por incumplimiento del contrato, “una vez que el consistorio ribereño había cumplido con todas sus obligaciones a falta de que la Comunidad de Madrid cumpliera con las suyas pero el PP se negó en rotundo, poniéndose de nuevo del lado de la empresa y de sus compañeros de partido en la Comunidad de Madrid”. Según Moreno, la entonces alcaldesa de Aranjuez y hoy portavoz en la oposición, María José Martínez, “nunca revisó de oficio el decreto de alcaldía que estaba retenido en las oficinas de la Comunidad de Madrid y que aún no había sido publicado en el Boletín Oficial”. El actual Ejecutivo socialista, al entrar en el gobierno, recurrió la sentencia al Tribunal Supremo y envió de nuevo el decreto de alcaldía que se había notificado al Gobierno regional en el año 2011 sin que se hubiese publicado hasta el pasado 4 de febrero, lo que obliga a la empresa adjudicataria a cumplir el contrato y lo que eximirá al Ayuntamiento del pago de los más de 12 millones de la sentencia. Sin embargo, los tiempos han cambiado y las necesidades ya no son las mismas por lo que tanto empresa como Ayuntamiento y Comunidad deberán sentarse a negociar cuál será la mejor opción para el desarrollo. Moreno finalizó afirmando que “afortunadamente, las cosas han cambiado en la Comunidad de Madrid, donde hay un gobierno sensato con el que queremos trabajar de manera conjunta”.