Se formaliza la autorización de la firma de documentos a la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, un trámite que el Ministerio exigía, con mayoría absoluta, en el año en curso

[ Redacción. MÁS ] La Corporación municipal aprobó, en sesión extraordinaria, la propuesta presentada por el concejal de Hacienda, Luis Javier Benito, para la aprobación de operación de préstamos para necesidades financieras de sentencias y autorización para su firma de la alcaldesa ya que el Ministerio de Hacienda pedía la ratificación, de esta manera y por mayoría absoluta, de la adhesión al Fondo de Ordenación que se aprobó hace ya unas semanas y que ha servido para que el Ayuntamiento pueda ordenar la deuda y hacer frente a las sentencias que han ido llegando a lo largo de esta legislatura. El juez del Tribunal Superior de Justicia exigió, el pasado mes de diciembre, a los 25 concejales que aprobasen a la mayor brevedad posible el pago de 1,2 millones de euros a Icocasa, tras una sentencia firme, y que este pago se incluyese en los presupuestos municipales. De no hacerlo, advirtió, los ediles de la Corporación municipal podrían incurrir en responsabilidades penales, un hecho que les fue notificado, de manera personal, a los 25 miembros por parte de la Policía. El magistrado también pidió que se le facilitasen los nombres de aquellos concejales que votasen en contra y se opusieran a la inclusión de esta partida presupuestaria. Ante esta situación, la votación en la sesión plenaria extraordinaria del pasado viernes se hizo, a diferencia del habitual procedimiento en las votaciones de los plenos, de forma nominal. El resultado fue el de la unanimidad en el voto favorable a excepción del portavoz de Ciudadanos, que se abstuvo.

La sentencia

Estos 1,2 millones de euros son los referidos a los intereses que se generaron durante el litigio que el Ayuntamiento mantuvo con Incocasa por la expropiación de unos terrenos en el Pinar de Cables, en una mala planificación en el Plan General de Ordenación Urbana de 1996, y que condenó, en 2013, al consistorio ribereño a hacer frente a una sentencia de 9 millones de euros. Durante el pleno, Benito señalo que “entendemos, desde el equipo de Gobierno, que esto ya lo aprobamos en noviembre de 2017 pero debemos seguir las instrucciones del Ministerio de Hacienda y aprobar este acuerdo de pleno en el año en curso”. El concejal socialista explicó que “hoy no se debate el Plan de Ajuste, eso ya lo hicimos, hoy sometemos a aprobación la formalización de una solicitud de crédito no para el pago de infraestructuras ni para pagar proyectos políticos sino para pagar sentencias judiciales y éstas se acatan y se cumplen y es lo que estamos haciendo desde el Gobierno”.

La oposición

La concejala del Partido Popular, Piedad Roldán, señaló que “es evidente que es obligado el cumplimiento de las sentencias y nosotros, cuando estuvimos en el Gobierno también lo hicimos e, incluso, ya comenzamos a pagar parte de la sentencia de Incocasa”. Roldán explicó que “nos hubiese gustado que se hubiesen traído aquí las sentencias desgranadas, no el cómputo total de los 34 millones de euros”. Roldán afirmó que “este no es el triunfo de nadie, ni tampoco cuando estuvimos nosotros gobernando, lo único que se está haciendo es afrontar unas sentencias que hay que pagar”. Para Aranjuez Ahora, “no es una buena noticia, como dice el PSOE. No era inevitable, como dice el PP. El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado por práctica unanimidad la firma de un nuevo crédito ICO para pagar sentencias judiciales, obligaciones de pago exigidas por los jueces. En total, 34 millones de euros correspondientes a 28 chapuzas perpetradas por los distintos gobiernos que se han intercambiado la alcaldía de Aranjuez. Chapuzas jurídicas con una causa común: la desidia, el caciquismo y la torpeza de varios gobiernos municipales incapaces siquiera de tener bajo control un déficit estructural de cinco millones de euros anuales en los últimos veinte años”. La concejala de la candidatura ciudadana, Pamela Casarrubios, señaló que “no nos podemos negar a hacer frente a estas sentencias pero sí le pedimos al Gobierno que una vez formalizado este asunto se nos dé traslado de todos estos documentos”. Desde el grupo en la oposición sostienen que “a partir de ahora, tenemos dos años para voltear ese déficit y poner al Consistorio en camino de cumplir sus obligaciones, garantizar sus servicios públicos y asegurar inversiones para la ciudadanía, ahora que Montoro dice que permitirá invertir el superávit de aquellos Ayuntamientos que puedan generarlo. De momento, ya vamos con retraso con los Presupuestos de 2018 y con las ordenanzas fiscales, la mitad de ellas todavía sin aprobar”. El portavoz de Acipa, Jesús Mario Blasco, manifestó que “es la primera vez que un juez nos dice lo que tenemos que votar y eso es una pérdida de autonomía y está claro que las sentencias se acatan y se cumplen, y más si son firmes, pero también las corporaciones tienen que luchar para que las sentencias no se produzcan y es verdad que esta corporación tiene que asumir sentencias que vienen de 18, de 12 de 10 años que no son responsabilidad de los actuales miembros pero que hay que asumir”. Blasco explicó que “el dinero que se va a solicitar está destinado, en parte, al pago de la sentencia firme que se adeuda a Incocasa, en concreto los intereses que quedan pendientes. Estamos hablando de una cantidad que se fijó en 2008, por el juzgado territorial de expropiación, de un justiprecio de 7 millones de euros más intereses, que en su momento no se pagó, ni se provisionó, que finalmente en 2013 nos conminaron a pagar. El impago de dicha cantidad y el intento de extender los pagos durante varios años motivó una sentencia aún más dura y el aumento de dos puntos de los intereses, hasta los 1,2 millones de euros, que quedaron pendientes de pagar tras la solicitud en 2015 de un fondo de ordenación de 10 millones de euros”. El portavoz de Acipa, además, ha adelantado su visión para la próxima legislatura. “Va a ser muy complicada, muy dura, más aún que la actual puesto que no se ha solucionado nada ni se ha sentado base alguna para solucionar los males estructurales de nuestra ciudad. Solo se han diferidos los pagos a futuro, como ha sucedido años atrás. Si no apostamos por el crecimiento económico de la ciudad y no podemos revertir la dinámica negativa en la que nos hemos instalado, Aranjuez no podrá salir adelante, y nos convertiremos en un municipio fallido. Hay alternativa, y sin necesidad de machacar a impuestos a ciudadanos, pymes y grandes empresas, pero las soluciones obligatoriamente deben llegar desde la concertación de todas las fuerzas políticas a partir de 2019. Todo lo que no sea eso estará abocado al fracaso, y no podemos perder más tiempo”. El portavoz de Ciudadanos, Daniel Baquero, señaló que “para solicitar un crédito, la ley dice que tiene que haber un informe de Intervención en el que se analice, especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer frente a estas obligaciones y ese informe no existe”. Baquero sostiene que “no está cumpliendo con las medidas que aprobaron en el Plan de Ajuste, sobre todo respecto a ingresos, y, por lo tanto, tenemos pocas garantías de que este Plan de Ajuste pueda aguantar el préstamos que quieren que pidamos”. Sobre la intervención de Baquero, el concejal de Hacienda, Luis Javier Benito, afirmó que “esperaba poder agradecer a todos lo grupos de la Corporación la coherencia del Partido Popular y Aranjuez Ahora pero especialmente el grupo de Ciudadanos pone en evidencia una temeridad que casi pone en cuestión la inteligencia del ser humano porque es temerario decir que no hay un informe cuando el informe del Interventor que dice que en consecuencia y siempre que el escenario se dé, se informa de conformidad a la propuesta de la modificación del Plan de Ajuste”. La concejala no adscrita, Mónica García, expresó que “lo que el Ministerio nos pide es la ratificación de la firma de la alcaldesa para la formalización de estos créditos y si hace unos meses voté a favor, ahora que ya lo tenemos autorizado lo hará con más razón”.