El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Aranjuez a indemnizar con 70.000 euros al letrado de Urbanismo, Ignacio Gabriel Alonso, por haber sufrido durante un año «acoso laboral» por parte del actual Gobierno que preside María José Martínez.

La sentencia declara probados diversos «actos de hostigamiento durante un período de casi un año» contra este funcionario municipal, a quien se le ha infringido «daños morales», «sufrimiento personal» y «descrédito profesional», que han derivado en una enfermedad diagnosticada de «trastorno adaptativo ansioso depresivo».

El auto dictado por la magistrada Miriam Bris García, contra el que cabe recurso, consta de 31 páginas y ahonda, de una manera prolija y rigurosa, en la actuación profesional del trabajador municipal en sus informes sobre el párking de la calle del Rey. En dichos informes, tanto el letrado de Urbanismo, como el arquitecto municipal jefe de los Servicios Técnicos y el secretario del consistorio, aseguraron que el proyecto de aparcamiento subterráneo promovido por el anterior gobierno «se ajustaba a la normativa urbanística».

Aunque la Comunidad de Madrid no lo entendió así y se opuso a dicha obra, la sentencia deja claro que no hubo «informes ilegales», por cuanto la obra en sí misma se ajustó a la legalidad urbanística y el uso del aparcamiento dependería de un desarrollo normativo posterior.

Pero al margen de esta polémica, la sentencia reprocha al Gobierno municipal que la actuación del trabajador haya sido motivo de una «sanción administrativa grave» por parte del Ejecutivo local, a través de un procedimiento sancionador que viola hasta tres artículos de la Constitución española.

Así, la magistrada declara nulos los acuerdos de la Junta de Gobierno que derivaron en la sanción de un año de suspensión de empleo y sueldo contra Ignacio Alonso «como autor de una falta grave» que ahora ha quedado demostrado que no existió. El expediente disciplinario, iniciado por la primera teniente de alcalde, Mabel Pantoja, e instruido por la directora de Personal, Adela Mari Gómez, vulneró derechos fundamentales. En concreto, se vulneró el derecho a la legalidad sancionadora, se omitió una explicación sobre el por qué la conducta del trabajador había podido ser «ilegal» y «perjudicial» para el consistorio y se vulneró también el derecho a la presunción de inocencia, además de su integridad física y moral.

Descalificaciones personales
Durante todo el proceso, desde que en 2009 se acordó la construcción de dicho aparcamiento, la entonces portavoz del PP y hoy alcaldesa, María José Martínez, cargó contra el letrado de Urbanismo todo tipo de descalificaciones personales, que se agravaron cuando éste consiguió la plaza de funcionario de carrera en marzo de 2011.

El proceso de selección fue, de hecho, recurrido por la alcaldesa, pero tanto el Juzgado de Instrucción nº 1 de Aranjuez como la Audiencia Provincial desestimaron las acciones judiciales interpuestas por María José Martínez. El tribunal señaló: «es clarísimo que esa persona superó el examen con total transparencia».