El juez número 4 de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha decretado la suspensión cautelar del proceso privatizador de hasta seis hospitales en la región, entre los que se encuentra el Hospital del Tajo en Aranjuez. Los argumentos esgrimidos por el juez lo son de peso, y no lo son por cuestiones jurídicas o técnicas, lo son por sentido común.
En su auto, el juez advierte no solo de la posible vulneración de los derechos fundamentales de más de un millón de madrileños, que recibirían una asistencia sanitaria cuanto menos distinta a la del resto, sino que alerta de que un proceso de tal envergadura sería difícilmente reversible en caso de que una instancia judicial superior declarara su ilegalidad. La Consejería de Sanidad de Fernández Lasquetty ya ha anunciado que presentará un recurso en un plazo de 15 días. El consejero, ante una situación de la que hace tiempo perdió el control, ha vuelto a la estrategia de la confusión, intentando situar en el mismo plano a la oposición política y a las asociaciones y colectivos de profesionales que, siendo conocedores de primera mano de la realidad sanitaria de la región, se han mostrado contrarios a la privatización.
Las mareas blancas que han inundado las calles de Madrid desde diciembre del año pasado son el mejor ejemplo del rechazo que ha recibido la privatización de los seis hospitales. Y son el mejor ejemplo de lo que nunca debe hacer un Gobierno: ignorar la voluntad de la ciudadanía, que no solo se manifiesta en las urnas. Las manifestaciones, las huelgas y las protestas son un derecho ciudadano y como tales, han de ser tenidas en cuenta.
A toda esta realidad se suma una importante serie de noticias que se han ido produciendo a lo largo de los últimos nueve meses y que han ido tiñendo de dudas y de sospechas al proceso iniciado por la Comunidad de Madrid. La última de ellas surgía también este lunes: HIMA San Pablo, la empresa que había resultado adjudicataria de la gestión del Hospital del Tajo figuraba en los despachos de la consejería con el CIF de la UTE constructora del centro, encargada también de los servicios auxiliares del mismo. La misma en cuyo consejo de administración figura Manuel Lamela, ex consejero responsable de la construcción de los hospitales que ahora se quieren privatizar.
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