Nuevo revés para las políticas privatizadoras que el Gobierno regional pretende impulsar en la sanidad pública madrileña. El Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid paralizaba este pasado lunes, de manera cautelar, la privatización de los seis hospitales y centros de salud, entre ellos, el del Tajo, en Aranjuez.
Según el auto judicial, el plan del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, evidencia la incapacidad de la administración para gestionar los servicios públicos.
El juez rechaza, además, el carácter irreversible de la privatización, en un sistema público como el que rige España. Por otro lado, destaca que, si se llevara a cabo, se produciría una dispersión del capital humano, lo que se traduciría en una disminución de personal y la consecuente merma en la calidad asistencial. En definitiva, explica el auto, de llevarse a cabo se produciría una “vulneración de los derechos fundamentales”.
“Estamos muy contentos, tanto personal sanitario como pacientes”, apuntaba Marta Hernández, representantes de AFEM del Hospital del Tajo, quien subrayaba las múltiples felicitaciones recibidas por parte de los usuarios que «temen la privatización de sus hospitales”.
Es la segunda vez que se paraliza temporalmente la concesión, después de que el pasado mes de julio lo hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias del PSM, aunque dos semana más tarde lo levantara el Alto Tribunal.
Junto a este recurso, los tribunales aún tienen que pronunciarse sobre al menos tres recursos más interpuestos por AFEM. Según explicaba Hernández, queda pendiente la querella criminal contra los ex consejeros Lamela y Güemes, por su relación con empresas del ámbito sanitario y los servicios que éstas prestan, tras las privatizaciones impulsadas por los propios ex consejeros; y un recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre otros.
RESPONSABILIDAD DE TOMÁS GÓMEZ
El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, compareció en rueda de prensa para valorar la decisión judicial. Según Lasquetty, todo se debe a «una estrategia personal de Tomás Gómez», que “pierde las elecciones, pierde el debate sobre el estado de la región y quiere continuar su guerra personal utilizando los tribunales». A pesar de que el recurso fue presentado por AFEM, Lasquetty afirmó que «este auto es consecuencia de la maraña de recursos del PSM a través de sindicatos y organizaciones para impedir las reformas que son necesarias para la sostenibilidad del sistema sanitario”. Por otro lado, el consejero anunció que recurrirá el auto antes de agotar el plazo de 15 días previsto por ley.
Además, arremetió contra el magistrado ponente, Carlos Gómez, porque «emite opiniones de tipo político o personal impropias del auto de un juzgado». Asimismo, añadió, «se debería haber inhibido y haber remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid», quien, según el consejero, será quien decida «si es o no competente».
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