Algunos profesionales se ven obligados a recorrer 30 km de media entre centros
CSIT Unión Profesional ha denunciado que la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid «está condicionando parte de las contrataciones de médicos y médicas de familia no fijos a la aceptación de desplazamientos obligatorios entre centros de salud».
Según ha explicado el sindicato, «en la última oferta de plazas vacantes realizada a través de la bolsa única y centralizada de médicos de familia publicada el 12 de mayo se incluyeron 368 plazas. Sin embargo, 83 de ellas obligan al profesional a acudir, al menos un día por semana, a otro centro de salud distinto del asignado inicialmente».
Esta situación supone que un profesional contratado para una plaza concreta -identificada mediante un CIAS (Código de Identificación de Asistencia Sanitaria)- con un centro de salud, turno y localidad determinados, «debe asumir una obligación adicional: prestar servicio periódicamente en otro centro distinto, en ocasiones situado a decenas de kilómetros», ha expuesto la organización sindical.
CSIT UP considera que «esta medida modifica las condiciones reales de trabajo, afecta a la jornada, la conciliación, la prevención de riesgos laborales y la continuidad asistencial y se está imponiendo sin negociación previa y sin una regulación clara sobre desplazamientos, tiempos, costes o compensaciones».
Las cuentas de CSIT Unión Profesional
El sindicato ha realizado un estudio que dice que las plazas afectadas están a una distancia media de 30 kilómetros entre centros, con casos que alcanzan los 69,2 kilómetros. El tiempo medio de desplazamiento es de 30,8 minutos en coche y de 68,7 minutos en transporte público, llegando en algunos casos hasta los 122 minutos por trayecto en transporte público. Además, 51 de las 83 plazas afectadas (61,4 %) requieren al menos una hora de desplazamiento en transporte público y 28 plazas (33,7 %) superan los 90 minutos por trayecto.
CSIT Unión Profesional ha manifestado que este tipo de prácticas «desvirtúan el proceso de elección de plaza y no puede presentarse como voluntaria: el profesional opta aparentemente a un puesto concreto, con centro, turno y condiciones determinadas, pero se le impone trabajar también en otro destino como condición para formalizar el contrato. Si no acepta queda fuera de la contratación».
Todo ello, acarrea, una alteración tanto en las condiciones laborables del médico de familia y de asistencia en los dos centros, el de origen y el de destino, con «atenciones parciales y discontinuas», ha añadido.
Otro aspecto que ha destacado el sindicato es que en la práctica, los desplazamientos los asume el trabajador: «si el tiempo de desplazamiento computa como tiempo efectivo de trabajo, ¿quién asume el coste económico, qué compensaciones corresponden, qué cobertura existe en caso de accidente o qué criterios se utilizan para decidir las cesiones y los destinos?». Los riesgos laborales, la fatiga acumulada y las dificultades de conciliación so otros de los aspectos añadidos a esta situación que han sido criticados por CSIT UP.
«Esta fórmula no ayudará a atraer ni fidelizar médicos de familia en la Comunidad de Madrid; al contrario, puede incrementar el rechazo de los profesionales a aceptar estas plazas y dificultar todavía más su cobertura, incluida la futura incorporación de los nuevos especialistas que finalizan la residencia», ha concluido el sindicato, que ha solicitado que estas cuestiones se aborden con la Gerencia de Atención Primaria y la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS sin obtener, de momento, respuestas efectivas.
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