Eliminará trámites y permitirá más densidad constructiva
El Consejo de Gobierno ha aprobado un proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda con el fin de incrementar la oferta de vivienda protegida y de reducir los plazos de construcción.
El proyecto, presentado en noviembre pasado en el marco del Plan de Choque de Vivienda 2026/27, responde «al acusado desajuste entre la creación de hogares y el ritmo de construcción», según el Gobierno Regional, que ha calculado que al amparo de este nuevo texto se levantarán más de 18.000 hogares en los próximos cuatro años.
Esto será posible, entre otras causas, al incrementar la capacidad residencial sin consumir nuevo suelo, pasando hasta un 30 % la densidad y un 20 % la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida. Incluso se posibilita aumentar la altura de los edificios hasta en dos plantas adicionales para materializar estos incrementos, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.
En todo caso serán los propios Ayuntamientos quienes decidan si se aplican estos cambios, «que se posibilitan de forma excepcional y urgente durante un periodo de dos años para la solicitud de licencia y tres para las obras», abunda el Ejecutivo Autonómico.
Más cambios en busca de la rapidez administrativa
El texto amplía también las posibilidades de cambio de uso de terrenos y edificaciones, facilitando edificar casas con protección pública en suelos dotacionales de titularidad privada y de hospedaje ampliando la posibilidad ya existente de transformar inmuebles de oficinas en viviendas residenciales, cuyo plazo se extiende dos años más.
Además, entendiendo el contexto y los elevados costes de construcción, se limita a una única plaza de aparcamiento por piso, frente a la obligación de disponer de una y media de la norma actual.
También se introduce el silencio administrativo positivo para agilizar la tramitación urbanística: si en tres meses no se emiten los informes sectoriales, el procedimiento podrá continuar automáticamente, salvo en casos que afecten al dominio público; se elimina la exigencia de estos informes en la fase inicial, manteniendo su carácter obligatorio antes de la aprobación definitiva y se facilita la tramitación de los planes territoriales con los que identificar nuevo suelo para la construcción de vivienda a medio y largo plazo.
La Ley se espera que quede aprobada el mes que viene.


















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