Están actualmente en obras, tienen viviendas okupadas y son pasto del vandalismo
Acipa ha informado de que Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) ha sacado a concurso la instalación de sistemas de alarma en viviendas y locales de los bloques de La Regalá, El Abanico y de las Casas de Patrimonio, actualmente en obras de reforma, por un montante de casi 170.000 euros.
Así lo ha publicado la Plataforma de Contratación del Estado con la intención de proteger los 247 pisos y la veintena de locales comerciales propiedad del Estado y que, anunciados para su venta en forma de cooperativa, finalmente saldrán al alquiler público por 75 años, como dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el pasado 5 de febrero.
El contrato incluye la conexión a una central receptora y mantenimiento de 125 alarmas, que deberán ser colocadas en diez días tras la petición por parte de Segipsa, y de otras 40 a demanda.
Las dudas de Acipa
El portavoz de Acipa, Jesús Blasco, se ha mostrado sorprendido y escéptico con el anuncio. «No sabemos si también tendrán alarmas las viviendas que ya están okupadas, y sobre todo si habrá empresas de seguridad que quieran presentarse a un concurso para poner alarmas en edificios con viviendas okupadas en las que se vandalizan las obras y se roba con impunidad sistemáticamente».
El portavoz espera que el Gobierno de España «ofrezca más información sobre las personas que podrán vivir en las viviendas que están reformando, si existen garantías de que las personas que están okupando el inmueble de manera ilegal van a ser desalojadas o por el contrario se les va a ofrecer un contrato de alquiler para que puedan vivir a precios asequibles restando oportunidades a familias que sí cumplen con la Ley».
Blasco se ha mostrado muy crítico con la política de vivienda llevada por todas las administraciones: «es increíble cómo podemos pasar de precios desorbitados para el Plan Vive de la Comunidad de Madrid a promesas de viviendas a bajo coste con alquileres blindados y cerrados para que vivan allí los hijos de los hijos».
«Es todo un sinsentido» -ha agregado- «por no hablar de los ribereños que iban a optar a las más de 200 viviendas a través de una cooperativa a la que el gobierno de España ha engañado».
«Acipa sigue pensando que en materia de vivienda deberían trabajar conjuntamente todas las administraciones para poner en venta y alquiler las viviendas posibles sin la confrontación de bandos, respetando los derechos de los cooperativistas y favoreciendo a la mayoría», ha concluido Jesús Blasco.
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