Considera que se vulneran la autonomía de los centros y la conciliación familiar
La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 94/2025 de la Comunidad de Madrid que regula la imposición de la jornada partida en colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial.
El recurso argumenta que la normativa, «aprobada por el Gobierno regional en diciembre sin consenso y publicada durante las vacaciones de Navidad, vulnera la autonomía de los centros educativos y carece de la fundamentación técnica exigible».
Según CCOO Educación Madrid, el decreto introduce un cambio de modelo sin aportar informes que justifiquen su necesidad educativa. «No se han presentado estudios concluyentes, no se ha evaluado el impacto real y se utiliza de forma interesada el ‘interés superior del menor’ sin evidencias que lo respalden», señala la secretaria general de la Federación, Aída San Millán.
La organización denuncia que la medida se adoptó sin negociación real en la Mesa Sectorial ni consulta efectiva al Consejo Escolar, lo que San Millán considera «una decisión política previamente tomada» que ignora a la comunidad educativa.
Los puntos más controvertidos del Decreto
El recurso cuestiona varios aspectos clave de la normativa:
- Imposición frente a autonomía: Establece la jornada partida como norma general, limitando la capacidad de decisión de los centros que actualmente tienen jornada continua.
- Asimetría en el cambio: Facilita el paso a jornada partida pero dificulta el retorno a continua, creando una situación «prácticamente irreversible».
- Centros de nueva creación: Los nuevos colegios nacen obligatoriamente con jornada partida, sin posibilidad de modificación futura.
- Sustitución de la votación democrática: Reemplaza el sistema de votación vinculante por una mera consulta, dejando la decisión final en manos de la Administración.
Impacto laboral sin evaluar
CCOO Educación Madrid alerta sobre las consecuencias para el profesorado que no han sido tenidas en cuenta: conciliación familiar, jornadas parciales, desplazamientos diarios y tiempos muertos entre sesiones. «Se altera sustancialmente la organización del trabajo docente sin justificar la necesidad del cambio», subraya su secretaria general.
El recurso también advierte de la «inseguridad jurídica» que genera la norma al permitir cambios recurrentes de jornada que afectarían a la planificación educativa de centros y docentes.
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