El Tribunal Supremo ha ratificado esta semana la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se condena al ex alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, a seis años y cuatro meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, por un delito continuado de prevaricación al favorecer contratos de obras municipales a diferentes constructoras que se enriquecieron del erario público de manera irregular, según el Alto Tribunal.

Casos flagrantes como las obras del Ayuntamiento de Aranjuez o la ‘Granja de los Faisanes’ llevaron a la Audiencia Provincial, y en segundo término al Tribunal Supremo, a declarar culpable al ex alcalde popular y al ex edil de Hacienda y Urbanismo, Miguel Ángel Gálvez, quien tampoco podrá desempeñar cargo público en un periodo de cuatro años y dos meses.

Ambas sentencias vienen a confirmar lo que ya se pensaba en su día: que las cosas no se estaban haciendo bien y que varias constructoras se beneficiaban de adjudicaciones irregulares gracias a los manejos políticos del principal gestor de nuestro ayuntamiento y de algunos miembros de su Gobierno.

La pregunta que se plantea es ¿a cambio de qué? ¿Cepeda y Gálvez se arriesgaban a una posible denuncia de la Fiscalía con el único afán de adjudicar obras y contratos a unas determinadas empresas sin ningún interés espurio? Cuesta creerlo, pero, según defendió la alcaldesa esta semana, el fallo de la sentencia sólo se refiere al delito de prevaricación y no especifica que haya existido la supuesta “trama económica”-sugerida por el Fiscal- , ni el enriquecimiento del ex regidor y de terceros; aunque cabe matizar que las penas han sido atenuadas por la lentitud del proceso.

Sea como fuere, la importancia del asunto es más que evidente. Es por ello por lo que la justicia debería acelerar los procesos y aplicar -en caso de que se demuestre la culpabilidad del denunciado- castigos ejemplarizantes que evitaran la idea de que, a pesar de la gravedad de los hechos, al final todo queda en nada. En un momento de especial sensibilidad social ante la corrupción política, no ayuda la dilación de casos en los que se ven implicados políticos que, tras procesos largos y tediosos, ven atenuadas sus penas, tras haberse beneficiado de su posición de gestores de lo público. Ahora, más que nunca, tolerancia cero a la corrupción de nuestros dirigentes que deben entender que su deber es velar por el interés general de los ciudadanos y mantenerse dentro de una ética profesional de servicio al pueblo y no hacia sí mismo buscando su lucro personal.