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Convocada una huelga general universitaria en defensa de la universidad pública

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El miércoles 26 y el jueves 27 e incluye a la URJC en Aranjuez

La comunidad universitaria madrileña, impulsada por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas, ha convocado una huelga general universitaria para los días 26 y 27 de noviembre en defensa de la universidad pública. Esta movilización cuenta con el respaldo y la cobertura legal de las organizaciones sindicales CCOO, CGT, CNT y UGT.

Los convocantes aseguran que «la huelga es una respuesta directa al estrangulamiento presupuestario que ejerce la Comunidad de Madrid hacia nuestras universidades, una situación que pone en riesgo la propia existencia de las universidades públicas madrileñas».

Además, los colectivos rechazan el proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, la LESUC, «una ley que no soluciona la infrafinanciación y que pretende avanzar en la privatización del sistema universitario y establecer una herramienta para que el gobierno autonómico controle las universidades públicas».

Convocatoria a la Movilización

●     Concentración: Miércoles 26 de noviembre, a las 15:30 h, frente a la Consejería de Educación (C/ Alcalá, 32).

●     Manifestación: Jueves 27 de noviembre, a las 18:00 h, con salida desde Atocha y finalización en Sol.

La movilización va más allá de la demanda de una financiación suficiente. «La protesta defiende la universidad pública como un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho, que garantiza a la ciudadanía el desarrollo de conocimientos y habilidades», aseguran en una nota de prensa.

«Condicionar el acceso a la universidad a la capacidad económica de las personas vulnera el principio de igualdad de oportunidades, un derecho que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar con recursos adecuados», añaden.

Finalmente, los colectivos convocantes aseguran que «este cuestionamiento del modelo público afecta directamente a las personas trabajadoras (PTGAS, PDI, personal investigador…), cuestionando la mejora de sus condiciones y la viabilidad futura de sus puestos de trabajo».

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