Denuncia la pasividad de las administraciones en materia de conservación
Ecologistas en Acción Aranjuez ha vuelto a criticar la dejadez de las administraciones en materia de prevención de incendios forestales a pesar de lo sucedido el pasado verano con dos de importancia, el de la Dehesa de Sotomayor (300 ha) y La Montaña (18 ha), siendo el primero de ellos en una zona de alto valor medioambiental.
«Las labores de prevención y las tareas de conservación en los espacios naturales protegidos del municipio ponen en muy mal lugar a las administraciones implicadas», aseguran desde el grupo ecologista.
«Tras el incendio de Sotomayor el control o eliminación de maleza y rastrojos ubicados junto a caminos, carreteras, vías pecuarias, etc… no existe. Por tanto, cerros, barrancos, páramo y cualquier otro paraje público o privado ubicado dentro de estos espacios catalogados carecen de unas mínimas tareas en prevención de riesgos y a día de hoy observamos parcelas sin limpiar junto a la superficie calcinada», manifiesta EeA Aranjuez.
El colectivo ecologista se muestra pesimista sobre el futuro y advierte que «dada la ausencia de desbroce en el terreno, el siniestro está servido, campará a sus anchas y los daños patrimoniales serán muy elevados».
El pitano (Vella pseudocytisus), una de las especies de flora más amenazada de la Comunidad de Madrid y catalogada de Interés Especial, fue arrasado por el incendio que afectó a la Dehesa de Sotomayor, Bien de Interés Cultural, espacio incluido en la Red Natura 2000 y enclave emblemático de la región por la singularidad del ecosistema (Zona Especial Conservación para las Aves, Carrizales y Sotos de Aranjuez).
Ecologistas en Acción Aranjuez aclara que «el marco competencial en labores de prevención y extinción de este incendio lo tiene la Comunidad de Madrid en exclusiva, por tanto, debería dotarse en medios humanos y materiales sobrados para la tarea. Además, el resto de administraciones tienen que colaborar contribuyendo con los medios económicos y humanos posibles».
EeA Aranjuez añade que «según los técnicos, extinguir 1 hectárea de terreno cuesta 20.000 euros mientras que las tareas de prevención en similar superficie cuestan 2.000 €. Sale más rentable prevenir que extinguir».
«Las administraciones públicas son garantes del cumplimiento de la normativa en prevención de incendios y el apercibimiento de sanciones por omisión debe ser puesto en marcha antes del periodo estival, como medida disuasoria para limitar el problema», concluye.
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