Nuevo decreto para agilizar el acceso a la Atención Temprana a menores de hasta 6 años
La Comunidad de Madrid ha aprobado inversión de 223,7 millones de euros para el nuevo Acuerdo Marco que fija las condiciones de atención residencial para personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta, lo que supone un aumento del 33 % respecto a la anterior licitación.
Con ello se aprueba el mantenimiento de 950 plazas de la red pública durante los próximos cuatro años, lo que representa un incremento de 117 con respecto al contrato previo.
En este tipo de centros especializados se ofrece una atención integral, alojamiento, manutención, cuidado y apoyo personal y social, además de actividades rehabilitadoras y de ocio que fomentan el desarrollo de los usuarios y su inclusión social.
Los datos
Actualmente la Comunidad de Madrid cuenta con 14.500 plazas para prestar servicio a personas con discapacidad intelectual o física y con más de 7.000 orientadas a la atención social gratuita para personas adultas con discapacidades psicosociales y dificultades de integración derivadas de trastornos mentales severos. La inversión anual es de más de 426 millones de euros.
Además ha incrementado en los tres últimos años un 85 % el número de plazas públicas dedicadas a atención temprana para niños con necesidades especiales. En estos años se ha pasado de 3.800 a más de 7.000, con una inversión total anual de 35 millones de euros.
Además se ha aprobado el decreto que renueva y mejora el modelo de acceso a los servicios de Atención Temprana para niños de hasta 6 años. Esta norma permitirá que las familias puedan unificar en una sola cita, a partir del verano de 2026, todas las valoraciones para determinar la necesidad de este tratamiento.
En esta nueva norma, el reconocimiento de esta prestación se revisará de oficio, por lo que no será necesario que lo soliciten los progenitores, ya que mantiene su validez durante el tiempo que el menor esté recibiendo este servicio en uno de los Centros de Atención Temprana.
Además, el expediente será completamente digital y la derivación al Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI) se hará a través del Registro Único de Atención Temprana, sin que la familia tenga que aportar los informes médicos, lo que supone una disminución de las cargas burocráticas y que el niño acceda cuanto antes al recurso que necesite.
La norma establecerá que cada menor siga contando con una atención personalizada e integral para que alcance el mayor grado de autonomía, con su entorno familiar como principal eje de su desarrollo.
Asimismo, el decreto regula por primera vez los recursos de intervención en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales, así como el procedimiento de acceso a la red pública. También se introducen medidas para simplificar el procedimiento de valoración, como la posibilidad de realizar una evaluación conjunta de atención temprana, discapacidad y dependencia.
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