Asegura que «liquida el urbanismo público y consolida el suelo como negocio»
La Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley del Suelo y Ordenación del Territorio impulsado por el Gobierno regional, advirtiendo de que el texto «rompe con el modelo de urbanismo público vigente y entrega el control del territorio a la iniciativa privada».
En el anteproyecto se sustituye los PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) por planes estratégicos y ejecutivos fragmentados, con mayor flexibilidad a la hora de modificarlos. «Este cambio supone el fin del urbanismo como herramienta de interés general y abre paso a una gestión del territorio orientada exclusivamente a la rentabilidad», ha expresado el colectivo ecologista.
La Plataforma ha manifestado que «uno de los silencios más graves es la ausencia de cualquier medida que recupere las cesiones obligatorias de suelo para la construcción de vivienda protegida, suprimidas en 2009».
La Plataforma subraya que es imprescindible revertir aquellas modificaciones y devolver a la vivienda protegida su carácter de dotación pública demanial, es decir, inalienable, imprescriptible e inembargable. «Sin esta recuperación, el acceso a la vivienda seguirá dependiendo de los intereses del mercado y no de las necesidades sociales», ha añadido.
Cambio climático y espacios protegidos
Los ecologistas han expresado que a tenor del anteproyecto, «la nueva ley tampoco asume los retos del cambio climático ni de la regeneración urbana. En lugar de impulsar la renaturalización de las ciudades, la eficiencia energética o la reutilización del suelo ya urbanizado, facilita la ocupación del suelo no urbanizable, incluso en espacios con valor agrícola, forestal o paisajístico, al servicio de la expansión inmobiliaria».
La Plataforma ha explicado que «los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos dejarán de formar parte del planeamiento para convertirse en meros instrumentos complementarios, sin fuerza normativa. Esta decisión vacía de contenido la protección del patrimonio histórico, cultural y natural, permitiendo intervenciones sobre entornos y paisajes que hoy cuentan con amparo urbanístico».
«Es urgente frenar este anteproyecto y abrir un proceso participativo que recupere el urbanismo como herramienta de equidad, sostenibilidad y derecho a la vivienda», ha concluido la Plataforma Ecologista Madrileña.
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