Héctor Anabitarte
Recientemente, en agosto, en Azuaga, Badajoz, las autoridades del Seprona descubrieron en una finca los cadáveres de 32 perros, muertos por inanición. Las imágenes del telediario resultaban difíciles de soportar y justificaban el rótulo en la pantalla: «32 perros muertos en la Finca de los Horrores«. Los animales habían permanecido abandonados desde junio, condenados a muerte, sin agua ni comida, algunos sueltos, otros atados con cadenas o encerrados en jaulas y boxes.
Los perros pertenecían a Antonio Sánchez, de unos 40 años, padre de familia, mecánico de profesión y apasionado cazador. Todo el pueblo de Azuaga lo conoce por el mote de «El Patilla» y alguno de los entrevistados lo califica como un hombre «normal».
El caso está ahora en manos del Juzgado de Instrucción de Llerena y la Fiscalía de Medio Ambiente y «El Patilla» en libertad acusado de «Abandono Animal» en vez de «Maltrato con resultado de muerte» que prevé penas de 6 a 18 meses de prisión por cada animal.
La Ley de Bienestar Animal dejó fuera de protección a los perros que acompañan a los cazadores. La posición de PP-Vox fue determinante para que esto sucediera.
El macabro suceso de Azuaga impacta por su dimensión, 32 perros muertos de hambre y de sed, y por la crueldad extrema que puede desplegar una «persona humana», «El Patilla», sobre seres indefensos, sobre «personas no humanas».
Lo de «personas no humanas» proviene de un fallo histórico, el de la jueza argentina Elena Liberatori, que otorgó a la orangutana Sandra la categoría jurídica de «Persona no humana» reconociendo que era un ser con sentimientos y con derechos que debían ser respetados. Así se logró liberarla de una incómoda jaula en el ex zoológico de Buenos Aires y enviarla al Center for Great Apes, en EE.UU., un predio de 40 hectáreas ubicado en Wauchula, una zona rural, boscosa y húmeda, de Florida.
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