Aprobada para estar al tanto de los temas jurídicos y económicos que afectan a La Montaña
El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado poner en marcha una comisión de seguimiento sobre el proceso de liquidación concursal de Martinsa-Fadesa, las recientes resoluciones judiciales y las venideras acciones jurídicas relativas al proceso.
La propuesta de Acipa llega cuando se cumplen 10 años de la liquidación concursal (2015, tras el concurso de acreedores en 2008) de la empresa y cuando la cantidad satisfecha por la misma no llega a los 600.000 euros.
«Todos los representantes políticos del Ayuntamiento deben ser perfectamente conocedores de la situación actual de todos estos contenciosos y llevar el seguimiento de los mismos, además de conocer las actuaciones judiciales en curso así como el resultado económico final una vez que se cierre el proceso concursal», ha expresado el portavoz de Acipa, Jesús Blasco.
«Este asunto es de vitar importancia para nuestra ciudad. No solo por cantidades que prácticamente equivalen a un presupuesto anual, sino porque son relativas a incumplimientos de acuerdos y convenios cuyas consecuencias están pagando los vecinos de Aranjuez y singularmente los del barrio de La Montaña. En tanto en cuanto no haya liquidez para terminar el proyecto de reparación y recepcionar definitivamente el barrio, los litigios y la fatiga judicial que espera lograr esta mercantil en liquidación van a seguir produciéndose»
Un poco de historia del proceso
En Aranjuez, y sólo en el barrio de La Montaña, la compañía tuvo unos ingresos superiores a los 400 millones de euros brutos. No obstante, desde 2007 la empresa (a la vez promotora y urbanizadora) desatendió tanto las infraestructuras pendientes de construir como las deficiencias que ya comenzaron a surgir. Así pues, la recepción de las obras les fue denegada en 2008 y 2009.
Es en aquel momento cuando se realizan la ejecución subsidiaria y la liquidación provisional de las actuaciones pendientes, por un monto de 39.399.322 euros. Desde entonces se han efectuado hasta 40 actuaciones a cargo de esos avales depositados por Fadesa Inmobiliaria, SA como garantía de las obras.
La ejecución subsidiaria y la liquidación provisional se actualizaron en 2015, arrojando una cantidad de 36.116.093,92 euros en obras interiores y exteriores en el barrio de La Montaña. Entonces no se incluyó la obra de la rotonda de acceso desde la M-305, dependiente de la Comunidad de Madrid.
En 2017 la Audiencia Provincial de La Coruña estimó parcialmente los argumentos del Ayuntamiento de Aranjuez, calificando los casi 24 millones de euros de la liquidación provisional de 2015 como “créditos concursales” no como “créditos contra la masa”, de mucha mayor solvencia y prioridad.
Un año más tarde, en 2018, el Ayuntamiento aprueba reparar y finalizar la parte norte del sector de La Montaña, recogiendo los gastos a costa de los avales ejecutados desde 2009, que suman 6.122.000 euros.
El coste total de las obras de reparación ascendió a 14,303 millones de euros según 5 fases de actuación: 4,178 millones €, 3,617 millones €, 2,445 millones €, 2,647 millones € y 1,414 €. De ese proyecto quedan la primera y la última (vía de servicio de la M-305) y restos menores de las otras.
En junio de 2021 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la cuantificación provisional de los costes de suministro y mantenimiento de los servicios básicos prestados en la Montaña, 12,998 millones de euros. Si Fadesa Inmobiliaria (en liquidación) no abonase esa cantidad, el Consistorio tendría que cobrárselos a través de la liquidación concursal con carácter de créditos contra la masa, con sus correspondientes vencimientos.
Mientras tanto, la empresa recurrió la liquidación de los servicios básicos que dejó de prestar y los tribunales le dieron la razón, eximiéndola de abonar más de 15 millones de liquidación definitiva. La sentencia que fue recurrida y revocada, dando en parte la razón al Ayuntamiento para poder seguir reclamando esta cantidad.
Otro frente abierto llega cuando la Justicia estima el recurso de apelación de Marinsa-Fadesa contra la cuantificación definitiva de los costes de urbanización en ejecución subsidiaria (que ya ascendía a 27,45 millones de euros) y al contenido plenario de 2021. La sentencia admitía casación ante el Tribunal Supremo y está por dilucidarse.
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