Los sindicatos no retirarán la demanda contra la Consejería de Sanidad
Profesionales de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid acudirán a juicio «para poder tener un Plan de Prevención de Riesgos Laborales», según han expresado las seis organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de la Sanidad Pública madrileña que interpusieron una demanda conjunta de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Tras su reunión con la viceconsejera de Sanidad y directora general del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Laura Gutiérrez, AMYTS-SAE-SIETeSS CAM, CCOO, SATSE, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, UGT y CSIF y APSEMUEVE han expresado en un comunicado que la Consejería de Sanidad «se ha limitado a apelar a la buena voluntad para que desistamos en nuestra demanda, tras años de requerimientos para hacerlo y mostrando su incompetencia o nula intención de llevar a cabo su obligación de hacer el Plan de Prevención de riesgos laborales al que están obligados».
Las organizaciones sindicales han considerado que la cita «ha sido sólo una excusa para dilatar la puesta en marcha del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, sabiendo que, en lugar de convocar a los responsables de los sindicatos, debían haber convocado a los Comités de Seguridad y Salud para presentar y debatir el contenido del plan y todas las acciones preventivas que conlleva».
«A pesar de esto, somos conscientes de que el objetivo no era solucionar el problema y que sólo se pretendía aportar el acta de la reunión al juzgado», han añadido.
El colectivo sindical ha expresado que no «consentiremos que se continúe trabajando en estas condiciones. Por lo tanto, mientras que el plan no esté en marcha y sea el adecuado para este ámbito asistencial, no retiraremos la demanda» y ha añadido que «el SERMAS es un organismo público que incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y cuya negligencia debe ser sancionada».
Estas organizaciones han insistido en que «en el turno de intervención y a la pregunta de si tienen un presupuesto específico para afrontar este plan, han dado la callada por respuesta y ni siquiera han sido capaces de expresar su posición respecto al motivo de la demanda».
Asimismo han criticado a la Administración autonómica por «no plantear siquiera una hoja de ruta ni una propuesta en firme que marque cuáles van a ser las acciones que van a tomar para revertir la situación».
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