Los documentos engloban a los 40.000 trabajadores públicos de la Administración
CSIT Unión Profesional, CCOO, UGT y CSIF han firmado el Convenio Colectivo Único para el personal laboral y el Acuerdo Sectorial de Administración y Servicios para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid que regulan las condiciones de trabajo de 40.000 empleados públicos para el periodo 2025-28.
Los textos normativos rubricados por los sindicatos acogen por primera vez un modelo de carrera profesional horizontal basado en la evaluación del desempeño, tal y como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público.
Tras 15 años de reivindicación sindical, los empleados públicos (fijos, interinos o temporales) verán reconocido su desarrollo profesional de forma efectiva e individualizada a partir del 1 de enero de 2025, incentivando también su continuidad en la Administración autonómica.
El modelo de carrera profesional está basado en la experiencia, la formación continua y el compromiso acreditado con el servicio público, que serán evaluados anualmente y que, de forma progresiva, permiten acceder al reconocimiento de cada nivel de carrera y, por tanto, a las mejoras retributivas asociadas a cada uno de ellos. Se harán efectivas en los años 2025, 2027 y 2029, siempre con efectos desde el 1 de enero.
Los documentos también incluyen una mayor agilidad para la convocatoria y el desarrollo de los procesos selectivos, que permiten mantener el límite de temporalidad por debajo del 8 %, afianzar más de 600 plazas de promoción interna, garantizar la movilidad voluntaria y permanente con un nuevo sistema de concurso de traslados, mantener la posibilidad de jubilación parcial hasta 2028, incrementar algunos complementos retributivos en casi un 10%, entre otras cuestiones relacionadas con la conciliación y el teletrabajo.
Entre las demandas pendientes han quedado la actualización del sistema de clasificación profesional para su adecuación al marco de titulaciones académicas y la recuperación de la jornada laboral de 35 horas de promedio semanal que devienen de los recortes a los empleados públicos impuestos en 2012.
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