Demanda respuestas a los gobiernos local y autonómico

El PSOE de Aranjuez ha criticado la cuestión de la vivienda social en el municipio acusando al Gobierno de la Comunidad y al Municipal de «no tener sensibilidad y apostar de verdad por los vecinos cuando el Ayuntamiento tiene a su disposición 100 viviendas que se pueden destinar a arreglar muchos de esos problemas».

El portavoz socialista Oscar Blanco ha declarado que «la falta de inversión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la pésima gestión del Gobierno municipal en materia social están acrecentando la complejidad para las familias más vulnerables».

Blanco ha asegurado que «hay muchas familias en situación de precariedad que están solicitando casas de especial necesidad y no están siendo atendidas y además pueden venir casos como el del socavón de La Montaña en los que el Ayuntamiento debería tener casas para usarlas en casos de emergencia».

«Este problema se está acentuando en los jóvenes» -ha añadido- «que no encuentran vivienda accesible para alquilar o comprar en Aranjuez y eso está provocando que muchos ni siquiera se planteen solicitar plaza en el campus ribereño de la URJC».

Blanco ha recordado que «hay viviendas disponibles en las conocidas como las Casas de los Maestros, también en la calle Zorzales, nº 10 y en las cedidas por Unilever. Todas tienen necesidad de arreglos por falta de inversión del PP y Vox y son viviendas que se pueden poner a disposición de familias con vulnerabilidad».

El Ayuntamiento, además, tiene 90 viviendas de la extinta Sociedad Local de Suelo y Vivienda (Savia) en el barrio de Agfa. «El Ayuntamiento las pretende vender para paliar deuda municipal, pero existe un compromiso de dejar 20 de ellas para vivienda social y Gobierno no lo está cumpliendo, y lo peor es que se están deteriorando sin que se haga nada».

Sobre el Plan Vive de la Comunidad de Madrid que plantea 400 viviendas en alquiler en el barrio de La Montaña, Oscar Blanco ha expresado que «nunca puede ser una solución tal y como está concebido, que no facilita el acceso a la vivienda, con mala calidad en su construcción, con alquileres poco asequibles y con cláusulas abusivas, como ha pasado en Alcorcón, cuyo pago del IBI ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo«.

«Además existe el impacto social que se va a producir en el barrio, que va a incrementar su censo en más de mil personas, sin que se hayan resulto los problemas de acceso -rotonda M305- y sin concluir los arreglos que se necesitan desde hace tiempo y que deberían ir a cargo de los avales de Martinsa-Fadesa«.