Asegura a sus inquilinos que la demolición corresponde al Ayuntamiento
Licata Residential, SL, la propietaria del inmueble declarado en ruina y que ha de demolerse en la calle de Cáceres debido al socavón producido en La Montaña, «ha rechazado el requerimiento recibido del Ayuntamiento de demolición del edificio por cuanto creemos que el garantizar la seguridad de los bienes y de las personas ante sucesos producidos a una profundidad tal donde no llega nuestro derecho de propiedad es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento».
La empresa se ha dirigido a sus inquilinos con una comunicación en la que «ha acatado la situación fáctica de ruina física inminente del Edificio 2-4, pues es evidente que la continua expansión del socavón junto con la absoluta pasividad de esa Administración mantenida a lo largo de varios meses ha contribuido negativamente a que el edificio no cuente, en la actualidad, con unas condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad, existiendo por ello un alto riesgo de colapso, con peligro para la seguridad pública».
Tras la declaración de ruina el pasado día 23 mediante Decreto, el Ayuntamiento dio 10 días a la empresa para que procediese a la demolición controlada del edificio, portales 2 y 4, el más próximo al socavón y que está desalojado desde el pasado 20 de noviembre de 2023.
Asimismo, Licata ha expresado que «a día de hoy, el Ayuntamiento está llevando a cabo estudios en la zona con objeto de poder determinar si existen riesgos que afecten a la estabilidad de los edificios y a la seguridad de los vecinos, que no ha compartido con Licata a pesar de los numerosos requerimientos que les hemos hecho para ello».
También la propietaria ha asegurado que ha pedido al Ayuntamiento el desalojo del siguiente bloque, números 6 y 8, «sin que hasta el momento nuestra petición haya sido atendida».
Licata ha recordado que este aspecto ya lo pidió los pasados días 24 de julio y 16 de agosto y si no es así, que el Ayuntamiento le comparta «los resultados de las pruebas que está realizando en el terreno de las
que se desprenda, en su caso, la inexistencia de dicho riesgo».
La empresa, como en las anteriores ocasiones, ofrece al inquilino la suspensión del contrato de arrendamiento y un programa de «de ayudas voluntario consistente en un importe económico equivalente a dos mensualidades de renta del contrato que tiene vigente» así como la resolución del contrato sin preaviso.
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