Héctor Anabitarte

La vivienda, el acceso a ella, no es un derecho. Un derecho es la educación y de obligado cumplimiento, de lo contrario sancionable; la sanidad es un derecho que las administraciones tienen que garantizar; la vigencia de los derechos humanos en un estado democrático también tienen que estar garantizados.

En España la vivienda se ha convertido en un lujo, una parte importante de la población no puede acceder a la propiedad y tampoco alquilar.

En septiembre empiezan las clases y los estudiantes que tienen que desplazarse a otra ciudad se enfrentan a un mercado imposible, 600 euros por una habitación compartida.

La vivienda pública brilla por su ausencia, se calcula que representa  un 2,5 % de las construcciones, y en Europa, con el 9,3 %, también resulta insuficiente. El Gobierno central  está desarrollando un Plan Estatal de Vivienda para que la vivienda sea más accesible, invirtiendo 1.700 millones de euros.

En esta industria es común la corrupción, la especulación. La legislación tendría que ser más sancionadora.

El acceso a la vivienda debe considerarse como parte esencial del Estado del Bienestar, no basta con que  esté mencionada en la Constitución del 78. Mucha gente percibe un salario, y sí vive en pareja, ambos perciben un salario, pero les resulta imposible pagar un alquiler: comen o pagan el alquiler, es lo que hay.

Los pisos turísticos han distorsionado aún más el mercado. Esta crisis habitacional tiene diversos efectos negativos, la crisis demográfica, el primero: los jóvenes se ven obligados a vivir con sus padres y abuelos, postergan el relevo generacional. El crecimiento de la población en España se debe exclusivamente a la llegada de inmigrantes.

La experiencia de Viena es un ejemplo a tener en cuenta, un ejemplo que viene de lejos. En 1919 el Ayuntamiento decidió construir viviendas públicas, 25.000. La ciudad, provincia autónoma, gobernada por la socialdemocracia, decidió grabar el champán, los burdeles, las carreras de caballos, los autos… Esta política aún está vigente, solo se interrumpió por la ocupación nazi de 1938 a 1945. El 60 % de las viviendas son públicas, 220.000, y otras 211.000 son cooperativas. Esta política favorece a las personas más necesitadas y a la clase media. Aquellas 25.000 primeras viviendas estaban dotadas de piscinas y de zonas arboladas. Un ejemplo a tener en cuenta.