El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid contra el ex alcalde, José María Cepeda, por un delito continuado de prevaricación al favorecer contratos de obras municipales a varias constructoras.

En la sentencia, los magistrados rechazan el recurso de casación presentado por Cepeda ante el Alto Tribunal. La Audiencia también condenó al ex edil de Hacienda Miguel Ángel Gálvez a cuatro años y dos meses de inhabilitación, una condena que se confirma igualmente. Cepeda se enfrentó a una petición de la Fiscalía de Madrid de 37 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como a una multa de 36.000 euros, pero la pena quedó reducida a seis años y cuatro meses de inhabilitación. En el caso del funcionario del Ayuntamiento, Jesús Antonio Segado Fraile, la sentencia le inhabilita de empleo y cargo público durante 6 años y 4 meses más una multa de 7.200 euros. Según recoge la sentencia, las condenas han sido atenuadas debido a la lentitud de proceso

El representante del Ministerio Público Emilio Valerio les acusó de crear una trama económica que favoreció a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Además, se les acusó de conceder licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones. La resolución de la Audiencia recogió que Gálvez, con el respaldo del ex alcalde, presentó y logró la aprobación por parte de los plenos en los ejercicios de 2000 y 2001 de varias facturas a favor de las empresas constructoras Maconsa, Mafasa y Aldisa, «facturas de las que no había constancia en los departamentos de Secretaría, Contratación e Intervención del Ayuntamiento al no existir ningún tipo de documento contractual o administrativo que habilitara la prestación de los servicios de obras o suministros indicados o justificara la realización de los mismos».

Además, añadió que en los ejercicios de 1998 a 2001 se emitieron facturas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles, «frente a las cuales los interventores formularon reparos en varios informes». «Ni el alcalde ni los concejales responsables adoptaron medidas adecuadas para eliminar las irregularidades que dieron lugar a tales reparos», señaló el fallo.

Asimismo, el tribunal recalcó que de ninguna de las facturas aprobadas por el sistema de reconocimiento contractual existía «expediente de contratación o de gasto con anterioridad a la presentación por el concejal». En el punto de mira estaba el proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes y una obra que se realizó en el Ayuntamiento, que contaba con un presupuesto de 128 millones de pesetas y se elevó a 500 millones de pesetas. Según el fiscal, el 95 por ciento de las adjudicaciones caían en Maconsa.

En su declaración, el ex regidor aseguró que delegaba las cuestiones urbanísticas a su concejal, al igual que hacía con respecto a otras materias. «Ellos saben cómo tienen que contratar y si tienen dudas, recurren a sus técnicos», recalcó en el juicio y añadió que los ediles tenían instrucciones para ajustarse al presupuesto.

Constructoras beneficiadas

 El Fallo del Alto Tribunal señala a las constructoras Maconsa S.L., Mafasa S.L. y Aldisa 99 como las grandes beneficiarias de los procedimientos irregulares. En los supuestos constitutivos de delito, aparecen los  463.946.761 millones de pesetas (2.788.376,20 €) que se le atribuyó de manera directa, a la empresa Maconsa S.L. entre el año 2000 y 2002. A esas adjudicaciones se une la de la obra del Ayuntamiento de Aranjuez, también a Maconsa, por valor de 128.015.883 pesetas y cuyo importe definitivo fue inflado hasta las 491.929.680 pesetas. La ampliación de las obras se realizó después de acometer la primera fase, evitando la fiscalización de las mismas y  la necesidad de nueva licitación.

Otro de los asuntos recogidos en el fallo judicial se refiere a la construcción de viviendas en la ‘Granja de los Faisanes’, en diciembre 1998, que incumplía la ordenanza urbanística .Además, tanto Maconsa S.L., como Aldisa 99 y Mafasa S.L, recibieron facturas a su favor durante los años 2000 y 2001 de las que no había constancia posteriormente en los departamentos de la Secretaría del Ayuntamiento de Aranjuez.