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Así es la Ley «Wert»

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El Congreso de los Diputados, con los únicos votos favorables del PP, acaba de dar luz verde a la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) será la séptima ley que regule la educación en nuestro país desde la llegada de la democracia. Y lo hará, como las anteriores, sin el consenso político ni social que permita hallarnos ante un marco estable y duradero en las escuelas. Peor aún, pues más allá de la dialéctica entre defensores y detractores de la nueva norma, la LOMCE nace con una financiación insuficiente (1.300 millones de euros frente a los 7.000 de la aún vigente LOE) y, además, carga el 70% del gasto en las comunidades autónomas. El Consejo de Estado, en su informe sobre la Ley, puso en duda que haya dinero suficiente para poner en marcha un cambio del calado previsto.

Y es que este cambio representa el adiós a la “escuela pública de todos y para todos” —como se puede leer en los eslóganes de la Marea Verde— para abrazar la llegada de un modelo que busca una formación para “ciudadanos empleables”, por un lado, y para “elites”, por otro. “Un modelo educativo de épocas pasadas”, en opinión de la Plataforma por la Escuela Pública.

Así, si la educación, según la LOE, era “el medio de transmitir valores y fomentar la convivencia democrática (…) para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica”, la LOMCE persigue, de principio a fin, poder competir en el mercado laboral. En su prefacio, lo deja claro: “El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos (…) supone abrirles las puertas a puestos de trabajo”.

Para el Gobierno, la nueva Ley es la respuesta al abandono prematuro del sistema educativo (que ronda el 25%, casi el doble de la media de la Unión Europea) y a los informes internacionales (como el PISA que elabora la OCDE), en el que los estudiantes españoles salen, año tras año, muy mal parados frente a otros alumnos europeos y de numerosos países desarrollados.

Pero la nueva Ley Wert no introduce sólo un prefacio ni es una declaración de intenciones. Punto por punto, la LOMCE establece:

Agentes privados
Más allá de la falta de diálogo del ministro Wert para consensuar la Ley, ésta excluye en su definición de lo que es el “Sistema Educativo Español” a las familias y a las asociaciones de padres y madres, pero sí incluye a los agentes privados, a los que se les da capacidad reguladora. Para la LOMCE, el sistema lo forma “el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios”.
Es más, si la LOE no permitía discriminar al alumnado por su sexo, la nueva norma, en cambio, incluye un artículo que representa todo un blindaje para este tipo de escolarización. En el anteproyecto aprobado se dice: “No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto (…) por la UNESCO”. Y añade: “En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”.
En esta misma línea, los conciertos amplían su duración y pasan de cuatro a seis años en Primaria, con carácter general. Además se contemplan conciertos en otras etapas postobligatorias (bachillerato), que hasta ahora no estaban previstos en la Ley. Estos nuevos conciertos durarán, según lo ahora contemplado, cuatro años.

El “superdirector”
En esta nueva concepción de la educación pública y concertada, la figura del director, que dependerá en mayor medida de la administración, cobra muchísima más relevancia en los centros escolares. Tras pasar por un proceso de formación y acreditación del Ministerio de Educación, se le dará una mayor autonomía si demuestra que “los recursos públicos se han administrado eficientemente y apuntan a una mejora de los resultados”. Los directores pasan a ser “gestores” que pueden contratar a un determinado profesor, establecer los méritos para cubrir un puesto por un interino o vetar, de forma motivada, a alguno de los candidatos.
El claustro de profesores y el consejo escolar pierden peso a la hora de decidir. El consejo deja de ser un órgano decisivo y pasa a serlo meramente consultivo. Ya no podrá aprobar ni decidir y, según la redacción de la LOMCE, se limitará a evaluar e informar.

Especialización
La nueva norma incluye, según el estudio realizado por la periodista Beatriz Lucas (eldiario.es) un artículo en el que ofrece mayor autonomía y más recursos económicos a los centros que pongan en marcha proyectos competitivos tendentes a la especialización, y que luego rindan cuentas sobre ellos con evaluaciones anuales. Para ello deben apostar por proyectos sobre: “especialización curricular, la excelencia, la formación docente, la mejora del rendimiento escolar, la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales”. Estos centros podrán incluso seleccionar a su alumnado en función de su rendimiento académico en las enseñanzas obligatorias “con hasta un 20% de la puntuación asignada”, dando rango de Ley al “tú, sí; tú, no”.
Vista la Educación desde un punto de vista de especialización y competitividad de los centros, aunque la LOE ya incluía diversas evaluaciones del sistema para trabajo interno de los centros e impedía específicamente en su enunciado utilizar los resultados para hacer clasificaciones, la nueva norma propone justo lo contrario: dar a conocer públicamente estos resultados. “Las administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes ponderados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en el que radiquen”, recoge la nueva Ley.

Más Religión
La LOMCE elimina la materia Educación para la Ciudadanía y aumenta la Religión  —que dispone de una asignatura alternativa: Valores Culturales y Sociales—, equiparándola a la media del resto de las materias (Matemáticas, Lengua…), lo que en la práctica puede suponer una hora semanal más de esta materia. La medida, como era de suponer, sólo ha sido aplaudida desde la Conferencia de Episcopal, temerosa de que, año tras año, son menos (un 10% en la última década) los alumnos que optan por Religión.
Pero es la inmersión lingüística, que llevaba 30 años en marcha en algunas comunidades con lengua cooficial, el aspecto más crítico de la Ley, al establecer un mínimo de materias en las dos lenguas oficiales. Además, con la LOMCE, se obligará a las administraciones a hacerse cargo de la escolarización en castellano en colegios privados de quienes reclamen estudiar en español sin que se lo ofrezcan.
No menos crítico resulta el hecho de que se aumentan los porcentajes de contenidos controlados por el Ministerio de Educación. Si en la LOE se controlaba el 65% de las enseñanzas mínimas en los currículos, y el 55% en las comunidades con lengua cooficial, ahora la norma establece que “los contenidos comunes requerirán el 65 % de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75 % para aquéllas que no la tengan”. Mientras que hasta ahora los centros eran los encargados de velar por los contenidos comunes, la nueva norma atribuye esta función a las administraciones educativas que “desarrollarán los contenidos comunes y podrán establecer directrices pedagógicas”. Si bien, una vez más, se introduce un guiño a determinados centros concertados con un modelo pedagógico propio: “Los centros educativos dispondrán de autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, de conformidad con las directrices que, en su caso, establezcan las administraciones educativas”, dice la LOMCE.

Ratios más altas
La Ley permite que se aumente por sistema la ratio de las aulas (número de alumnos por profesor) un 10%, masificándolas cuando la demanda así lo requiera. Además permitirá que las comunidades contraten a docentes sin hacer la oposición, como es el caso de los profesores nativos para las clases de inglés que Esperanza Aguirre contrató en Madrid en 2012.

FP: básica y dual
La ley alcanza su “cenit” con la formación dual, que tiene como objetivo que el sistema educativo funcione en pro del empleo. Ya en los años ochenta se decía: “el que vale, vale… y el que no, a FP”. Ahora se recuperan los itinerarios flexibles. Así, 4º de la ESO cambia y pasa a convertirse en un curso de iniciación con vistas a dos itinerarios: el “profesional” y el “académico”. Es decir, dos vías cerradas: FP y Bachillerato. De esta forma, se crea una nueva Formación Profesional Básica para alumnos de 15 a 17 años que, tras haber cursado el primer ciclo de ESO (1º-3º) no logren pasar a cuarto. Será gratuita y parte de la enseñanza obligatoria. Por otra parte, se crea una nueva FP Dual, que permite hacer prácticas y recibir formación en empresas, simultaneando trabajo y estudios. La vieja figura del aprendiz que, en la actual coyuntura económica, “no llegará al salario mínimo”, según advierten desde los sectores críticos con la LOMCE.

Acceso a la universidad
Por último, se elimina la selectividad. Con la Ley Wert, el acceso correrá, en gran parte, a cargo de las universidades, que tendrán en cuenta la nota de Bachillerato (un 60% como mínimo), las calificaciones obtenidas en las materias de bachillerato relacionadas con lo que se quiere estudiar, la formación complementaria, y si el alumno tiene estudios relacionados con la carrera que se quiera estudiar (FP de grados superiores, o estudios universitarios previos). También pueden establecer procedimientos de selección y evaluaciones específicas. La eliminación de la selectividad no supone que haya menos controles. Todo lo contrario: se prevén tres exámenes o reválidas que diseñará el Ministerio de Educación y que se realizarán dentro del centro escolar, aunque los responsables del examen serán externos: el primer examen será al acabar 6º de Primaria; el segundo, al acabar 4º ESO; y el tercero al final de Bachillerato (todas las troncales, y una específica por curso).

Con todo, el peor enemigo de la Ley Wert es su propio calendario de implantación, pues pretende su desarrollo en dos cursos (el que viene y el siguiente) para su pleno funcionamiento, con los currículos diseñados y los libros impresos.


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