«Estamos recibiendo informaciones contradictorias por parte de unos y otros y consideramos que el Ayuntamiento debe esclarecer en qué ha estado trabajando, qué soluciones maneja, los problemas a los que se enfrenta, la situación habitacional de los afectados. Hay mucha información que dar a los vecinos», expresa el presidente de ASOCUM, el concejal de Acipa Chema Belmonte.
«Estamos convencidos de que Servicios Sociales, técnicos, Policía Local, expertos… llevan trabajando desde el minuto uno como el que más, pero echamos en falta que comuniquen todo aquello que han averiguado al respecto, las soluciones y problemas que existen, las alternativas que han ofrecido a los afectados…».
Belmonte espera que la alcaldesa, María José Martínez, junto con los Servicios Sociales y Servicios Técnicos del Ayuntamiento «ofrezcan las explicaciones oportunas, además de sentar en la misma mesa a los afectados y los dueños de la propiedad».
Asimismo ASOCUM pide conocer «cualquier novedad sobre la reparación del socavón, suponemos costosa y complicada, pero que debe acometerse».
La oquedad tiene unos 5 metros de diámetro y entre 20-25 m de profundidad, cuyo origen está siendo estudiado por los expertos.
Nueve días desalojados
Las 24 familias afectadas -un centenar de personas de todas las edades y alguna mujer embarazada- fueron desalojadas el pasado día 20, dos días después de que se produjera el socavón frente a los números 2 y 4 de la calle Cáceres. Todos son inquilinos de alquiler.
Muchos de ellos están viviendo con sus familiares y otros incluso en su propio coche pese a que según el Ayuntamiento se les dotó de alternativas habitacionales.
Según los afectados, la empresa propietaria de las viviendas, Global Licata, SA -participada únicamente como socio por el Banco Santander– les ofrece resolver el contrato de arrendamiento y formalizar otro en una nueva vivienda en alguno de los 25 bloques que la firma posee en el barrio. Sin embargo, esta opción se antoja complicada para algunas familias porque el estudio económico previo a la firma del contrato puede ser un obstáculo insalvable dada su situación de desempleo
