La alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, afirmó el pasado lunes en rueda de prensa que uno de los argumentos de peso para que el Parador Nacional no pueda situarse en la Casa Atarfe es que es ilegal porque allí hay contratos de alquiler.

Concretamente, Martínez expresó concretamente que “existen sentencias judiciales firmes que abonan el derecho de las familias a permanecer en esas viviendas hasta que no termine ese contrato de arrendamiento”.

La cuestión es a qué familias se refriere la alcaldesa de Aranjuez, porque hay que recordar que en febrero de 2021, hace prácticamente dos años, cinco familias fueron desalojadas por el Gobierno de Martínez de la Casa Atarfe por los problemas detectados en la estructura de madera del edificio tras la nevada y el posterior deshielo provocados por Filomena.

Según la teniente de acalde, Miriam Picazo, en declaraciones en aquel momento, “el edificio tenía patologías previas al paso de Filomena, pero tras el paso del temporal, por la sobrecarga de nieve y por el deshielo, se han producido daños en la estructura de madera y los servicios técnicos han considerado en un informe que había que desalojarlo porque no reunía condiciones de seguridad”.

Por lo tanto, ¿qué familias pertenecen allí? No estaría mal que la alcaldesa aclarase este punto, porque también habría que cuestionarse si a esas cinco familias se les ofreció una solución habitacional o no. Y si se les realojó en viviendas de propiedad municipal, ¿cuál es el problema de rehabilitar la Casa Atarfe?

Y si existen sentencias judiciales, también es probable que existan soluciones ‘legales, como, por ejemplo, rehabilitar a los inquilinos, que no propietarios, en viviendas de titularidad municipal, que existen de la extinta SAVIA en el barrio de Agfa.

En el caso de que las viviendas de la Casa Atarfe no fuesen municipales y fuesen privadas, existe la figura de la expropiación forzosa, que consiste en la privación de la propiedad privada o de derechos o intereses legítimos que se tengan sobre un patrimonio, independientemente de a quién pertenezcan (particulares, entidades, administraciones públicas, etc.), por causa de utilidad pública o interés social.

Pero es que, en este caso, la titularidad del edificio, donde presuntamente deberían vivir esas familias, que no viven porque se les desalojó, es municipal, con un arrendamiento de los llamados “de renta antigua” en las que no debería haber problema para otorgarles una vivienda municipal en régimen de alquiler.

Es muy lícito que a la alcaldesa de Aranjuez no le guste la Casa Atarfe para albergar un Parador Nacional, y que prefiera que se ubique en el Raso de la Estrella, en los edificios de las Guardias Valonas y Españolas, edificios históricos derruidos que deberían cedérselos al Ministerio para llevar a cabo una gran obra que seria de difícil amortización por las pocas posibilidades de alojamiento que ofrece.

Seguramente que Martínez tenga su parte de razón en eso de la legalidad y la ilegalidad pero, seguramente, que también existen soluciones para albergar a esas familias que fueron desalojadas bajo su mandato y que no sabemos si se les dio o no solución habitacional, aunque lo que sí parece claro es que en la Casa Atarfe no están viviendo.