En marzo de 2020, la comunidad educativa comenzó a experimentar (como el resto de la población) una situación totalmente anómala. La aparición del Coronavirus provocó un confinamiento que suspendió las clases presenciales y complicó un curso académico que iba a ser un tormento para alumnado, personal docente y familias. Desde ese momento, y durante casi tres meses, los escolares tuvieron que terminar un curso de manera telemática y con excesivas dificultades para muchos núcleos familiares con serios problemas para poder concluir las clases -en el ámbito digital- por falta de recursos. El esfuerzo de alumnos, familias, docentes y dirección del centro permitió concluir un curso académico que no regresaría de manera presencial hasta después del verano.

Sin embargo, los protocolos de seguridad del COVID-19 han concluido en una serie de exigencias que los alumnos y docentes de cada centro han tenido que adaptar y a los que han tenido que adaptarse. Muchos centros no estaban preparados y tampoco han contado con los recursos necesarios desde la Comunidad  de Madrid para abordar cada problema.

Ha habido casos en Aranjuez como algún centro que ha tenido que dividir dos de sus clases mediante una cortina porque nadie desde las administraciones competentes ha sido capaz de proyectar un tabique de pladur que dividiese ambas clases y procurase que no ‘conviviesen’ cerca de 40 niños, un verdadero despropósito.

Otro de los problemas a los que tanto alumnado como profesorado han tenido que adaptarse es a la ventilación, teniendo que mantener las ventanas de las clases abiertas de par en par por imperativo legal.

Durante los primeros meses del curso, éste no ha sido un inconveniente porque las temperaturas eran agradables, pero con la llegada del invierto el problema se ha agravado, porque por mucha calefacción que dispongan los centros, con las ventanas abiertas permanentemente no es posible mantener una temperatura mínima que no congele a alumnos y profesores. Este problema podría tener una solución parcial, instalando medidores de CO2 que podrían permitir el cierre, al menos de manera temporal, de esas ventanas.

El Partido Socialista presentó una propuesta a pleno en el mes de noviembre en la que se incluía la petición a la Comunidad de Madrid de la instalación de estos medidores, propuesta que fue aprobada aunque ni PP ni Ciudadanos ni VOX la votaron a favor. Durante esos mismos días, la propia Comunidad de Madrid anunció que compraría esos medidores de CO2 para instalarlos en los centros escolares aunque, a día de hoy, al menos en Aranjuez, no han llegado.

Ya va siendo hora que, desde la delegación de Educación del Gobierno de Aranjuez, se exija a la Comunidad de Madrid que cumpla con sus compromisos y haga valer los recursos de los que debería disponer. El delegado de Educación, Diego López de las Hazas, debe elegir entre trabajar por los vecinos de Aranjuez o aferrarse al corporativismo para no molestar a un Gobierno regional del que Ciudadanos forma parte. Porque hay medidas que urgen y no pueden esperar más, porque a la vuelta de la esquina está la primavera y, entonces, mantener las ventanas abiertas puede que sea hasta agradable. Ahora es cuando aprieta el frío y cuando alumnos y docentes merecen ser atendidos por las administraciones. Qué menos después del año que llevamos.