La pasada semana, eldiario.es afirmó en una noticia que el Gobierno de España “planea rebajar un 29% el volumen obligatorio de agua que debe enviarse cuando el sistema está en nivel II para evitar que el acueducto pase la mitad de su vida útil en ‘situación excepcional’ como ha ocurrido desde 2014”.

Esta acción se llevaría a cabo mediante un decreto ley y, según el propio diario, “las dos modificaciones a las que ha dado el visto bueno la Comisión Central de Explotación del Acueducto son aumentar las aportaciones que deben acumularse en los embalses de Entrepeñas y Buendía para establecer el nivel I, el que más agua bombea de manera automática (60 Hm3) y reducir la cantidad que se trasvasa cuando todo el sistema está en el denominado nivel II: de 38 Hm3 al mes actuales a 27 Hm3.

El Ministerio de Transición Ecológica calcula que el trasvase medio anual será así de 326 Hm3 que, aseguran, es muy similar a la media que se ha bombeado desde que funciona este acueducto que envía las aguas de la cuenca del Tajo a la cuenca del Segura para abastecer hogares, pero sobre todo regadíos en Alicante, Murcia y partes de Almería”.

Lo que se pretende desde el Ministerio, siempre según eldiario.es, es “que el trasvase pase más tiempo en ese nivel II que realiza envíos automáticos (en este caso serían menores con lo que los recursos bajarían menos con cada envío) y que no se llegue tanto a la situación excepcional en la que el envío de agua es una prerrogativa «discrecional» aunque «de manera motivada» del Ministerio.

Traducido, cada vez que el Tajo-Segura está en ese nivel III excepcional, es el Gobierno el que decide si manda o no agua (hasta 20 Hm3). Campo abonado para la sempiterna guerra del agua y protestas por parte de la zonas cedentes y receptoras. Lo que las normas que regulan este acueducto llaman excepcional, se ha convertido en la situación más habitual”.