Durante mucho tiempo, en especial en la pasada legislatura, Acipa llevó a cabo un trabajo de denuncia ciudadana que formaba parte de sus principios y de su ADN. Pilar Quintana fundó esta organización con el objetivo claro de hacer una política de municipio, atendiendo a las demandas de los vecinos e informado de todo cuanto sucedía en el Consistorio ribereño, dejando a un lado -según la propia idiosincrasia del grupo- la ideología política. Quintana siempre presumió, y sus sucesores también, de que en su partido había gente de todos los signos políticos que adquirían un único compromiso: velar por los intereses de los ciudadanos. Desde Acipa, entre otras cosas, primaba cada semana la denuncia del estado de barrios y zonas de Aranjuez que, a su juicio, estaban desatendidas. Broza, suciedad, desperfectos en las calles que, con buen criterio, ponían de manifiesto, según ellos, porque eran demandas de los propios vecinos. Acipa otorgó hace unos meses la investidura a María José Martínez para que formalizase su gobierno junto a Ciudadanos. El condicionante era un documento
sellado con carácter de ‘indispensable’ en el que Acipa recogía una serie de medidas que deberían ser básicas para mantener el idilio. El acuerdo no significaba plegarse, según la propia organización independiente, a un Gobierno por el hecho de haberlo posibilitado. Es más, según Acipa, su trabajo sería fiscalizar de manera firme para que ese acuerdo se cumpliese. Según Acipa, era compatible sellar un acuerdo y hacer trabajo de oposición… pero ese trabajo, ha desaparecido. Acipa, desde que se inició la legislatura no ha vuelto a poner sobre la mesa ningún tipo de denuncia ‘ciudadana’, ya no fluyen las notas de prensa en los que emana la broza, la suciedad y los desperfectos en las calles a pesar de que sean los propios vecinos los que inunden las redes sociales de denuncias por estos asuntos. Es lícito que Acipa adoptase la actitud de negociar una investidura, es más, es necesario que los partidos minoritarios muestren su disposición al acuerdo, evitando bloqueos que, como está sucediendo a nivel nacional, eviten la conformación de gobiernos. Acipa jugó su papel y negoció con el Partido Popular un documento que debía ser beneficioso para los ribereños. Sin embargo, desde el grupo independiente están perdiendo la oportunidad de demostrar que sus condiciones están por encima de una posición privilegiada respecto al Gobierno, desatendiendo las necesidades reales de los ciudadanos, como habían hecho hasta ahora.
La credibilidad es algo que debe sustentar a cualquier formación política que se precie y, de esta forma, Acipa está evidenciando que sus condiciones podrían hacer revertir una situación iniciada hace pocos meses, ya que en gran parte no se están cumpliendo. El grupo independiente debe decidir lo que quiere ser, si un partido que siempre ha puesto por delante de cualquier cosa la denuncia ciudadana o plegarse a una ideología para lo que, como su propia fundadora afirma, debería cambiar de siglas. La formación en la oposición debe hacer eso, oposición aunque, también es cierto, denunciar que los puntos firmados en el acuerdo se están incumpliendo desembocaría en un grave problema de identidad. Ya consintieron que, en el asunto de salarios, se hiciese un agravio comparativo entre ellos mismos y Vox respecto a Unidas Podemos e InPar, dos grupos con el mismo número de concejales que, sin embargo, disponen de menos recursos para hacer oposición y Acipa, asintió. Por ahí se empieza a construir la desconfianza.