Partidos de la oposición solicitan un pleno extraordinario para tratar la absorción de SAVIA
Según Aranjuez Ahora, “es el momento adecuado para debatir”. En Acipa ponen en cuestión algunas afirmaciones de la sentencia del juzgado
[ Redacción MÁS ] Aranjuez Ahora, Acipa y Ciudadanos han realizado la petición formal de la celebración de un Pleno extraordinario que trate acerca de la situación en la que queda la sociedad municipal urbanística SAVIA, “toda vez que el juez del Mercantil 6 de Madrid que está visando el proceso concursal de la empresa ha emitido ya sentencia”. Desde Aranjuez Ahora sostienen que “el auto, del 11 de septiembre, aprueba el convenio para que el Ayuntamiento asuma la gestión de SAVIA, gestione su patrimonio y se responsabilice de sus deudas. A partir de ahora, la Ley Concursal marca seis meses para que se comuniquen al Juzgado los pasos que se llevarán a cabo para cumplir con esta sentencia”. Según la candidatura ciudadana, “es el momento adecuado para que el Pleno debata, analice y, en su caso, impulse una resolución para ver qué hará el Ayuntamiento en esta situación”. En Aranjuez Ahora justifican la solicitud del pleno porque “no se debe hurtar al Pleno ni a la ciudadanía el debate sobre el escenario que se abre ahora con SAVIA. Evidentemente, la empresa no puede entrar por la puerta de atrás sin que se hable nada al respecto”. Una vez registrada la solicitud del pleno extraordinario, hay quince días hábiles para convocar la sesión, que quedará automáticamente fechado diez días hábiles más tarde en caso de que la alcaldesa no lo haga por sí misma. “Casi quince años después de que el urbanismo de Aranjuez saliese de control plenario, tras una burbuja inmobiliaria y crisis incluida, y con una deuda estimada en 25 millones de euros, el juez le dice al Ayuntamiento que esta competencia básica local debe gestionarse desde el Ayuntamiento sin extinción alguna. Eso sí, con un pufo cuyas consecuencias son más deuda pública, sentencias millonarias y un patrimonio inmobiliario inacabado”. La sentencia La pasada semana, el Gobierno municipal informaba de la comunicación de la sentencia que ponía fin al proceso de administración concursal de la sociedad, daba vía libre al convenio de asunción o transmisión de la empresa y de la unidad productiva en concurso de acreedores y aprobaba el convenio propuesto por el consistorio ribereño. Desde el Ejecutivo local explicaron que este convenio, de tramitación ordinaria, “implica la transmisión al Ayuntamiento de Aranjuez de todos los bienes y derechos de SAVIA, como contraprestación al pago de los créditos de la propia sociedad: el abono del 100% del crédito privilegiado especial (1,294 millones de euros), abonando el resto en 10 años con un interés del 1,701%; el abono del 100% del crédito ordinario en 10 años con un interés del 1,092%; y el abonos posterior del subordinado”. El total del pasivo que asume el Ayuntamiento de Aranjuez asciende a los 24 millones de euros, incluidos los intereses. El convenio tuvo vía libre una vez que el Ministerio de Hacienda valoró favorablemente el Plan de Ajuste presentado por el Ayuntamiento de Aranjuez para acogerse al Fondo de Ordenación elaborado por el propio ministerio para las entidades locales con problemas financieros. El primer Teniente de Alcalde y concejal de Urbanismo, David Estrada, señaló que “hay que recordar que todo este proceso tan complejo ha sido un ejercicio de responsabilidad del que solo han participado tres grupos políticos de la Corporación Municipal: los dos que componen el Gobierno municipal, PSOE e Inpar, y el otro grupo de la izquierda, Aranjuez Ahora”. La propia sentencia del Juzgado de lo Mercantil asegura que “nos encontramos ante una auténtica remunicipalización de bienes y derechos” que el Ayuntamiento de Aranjuez gestionaba a través de SAVIA, una sociedad mercantil de exclusiva titularidad municipal. El activo de SAVIA que asume el Ayuntamiento de Aranjuez consta de tres parcelas destinadas a vivienda en el Sector de AGFA (una de ellas, la P-74, hipotecada); la parcela de la Antigua Harinera en Puente Barcas; tres viviendas en la calle Florida; un local comercial y varios garajes en la calle Val de Boi; las actuales dependencias municipales de la calle Stuart, 79; el acceso al Teatro Real Carlos III por la calle San Antonio; 205 plazas de garaje en AGFA (50 de ellas hipotecadas) y 26 en Olivas; 50 viviendas con opción a compra en la P-82 de AGFA; 4viviendas de venta en la P-83 de AGFA; y 50 viviendas con opción a compra en la P-83 (hipotecadas). Según la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, “este proceso permitirá liquidar de forma ordenada el patrimonio de la sociedad y hace viable la situación financiera de la misma sin poner en riesgo dicho el municipal, propiedad de todos los ribereños, incluyendo la vivienda pública y el patrimonio públicos”. la Ley de Racionalización de la Administración Local, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, condenaba a las sociedades públicas que no hubieran presentado un plan de corrección del déficit y desde al Gobierno municipal sostienen que “muy lejos de presentar este plan, el Gobierno municipal del PP dejó morir a SAVIA de inanición y aprobó el inicio de la disolución de la sociedad en febrero de 2015, a tres meses de las elecciones municipales de mayo del mismo año”. Una de las preocupaciones del actual Ejecutivo compuesto por el PSOE e InPar eran los ‘fondos buitre’. Según Moreno, “hemos evitado la posibilidad de que esas casas pudieran ser gestionadas por fondos buitre, como ya ha sucedido en Madrid gracias a las políticas y a la gestión de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Ruiz Gallardón o Ana Botella”.
Acipa
Desde la formaciòn independiente explican que “no vamos a cometer la precipitación de entrar a fondo y en el detalle de la extensa sentencia, porque hay muchas cuestiones que aclarar y porque las prisas nunca son buenas consejeras. Sobre todo cuando aún es susceptible de recurso de apelación, por lo que entendemos el equipo de Gobierno se ha precipitado anunciando algo que aún no es firme”. En Acipa ponen en cuestión la remunicipalización ya que, entienden, que se trata de “una sociedad mercantil manejando patrimonio 100% municipal. Aunque es verdad que el propio juez en la sentencia habla de ello, en realidad savia jamás ha sido pública, sino que fue un ente creado ad hoc para la gestión del suelo”. También discrepan en el grupo en la oposición sobre la aprobación final por el Pleno del convenio de acreedores, sobre el que se cimenta el cierre del concurso. “Para que dicho convenio adquiriese firmeza necesita o necesitaría la elaboración y aprobación previa por Pleno (que no se ha producido en ningún momento) de un proyecto de cesión global, además del propio convenio de acreedores. Convenio, convenios, que han pasado hasta cuatro veces (cada uno distinto) por Consejo y Junta General (rechazados cada uno de ellos por Acipa al considerarlos lesivos para los intereses generales) pero que jamás lo ha hecho por Pleno”.