Las elecciones municipales de 2015 dibujaron un panorama incierto a la hora de formar Gobierno. Las urnas sentenciaron que hubiese 13 concejales de partidos progresistas ante los doce que obtuvieron los conservadores. Al final, y después de muchas tensiones y negociaciones, Aranjuez Ahora e InPar prestaron su voto a los socialistas para que Cristina Moreno fuese investida como alcaldesa. Ambos partidos que apoyaron la investidura ya avisaron que no se trataba de un ‘cheque en blanco’ y tal afirmación se hizo evidente a la hora de formar ese Ejecutivo que debía nombrar sus cargos y definir los salarios. Ningún grupo apoyó la propuesta socialista, a pesar de que presentó una reducción de sueldos y de cargos de confianza respecto a la anterior legislatura del Partido Popular. Tras muchas negociaciones y disparidad de criterios, sobre todo centradas en los cargos de confianza, el Ejecutivo de Moreno decidió tirar por la calle del medio y decretar, provisionalmente, los salarios de alcaldesa y concejales dejando a un lado los cargos de confianza. El Gobierno socialista entendió que el Ayuntamiento de Aranjuez no podía paralizarse por más tiempo y que los concejales del Gobierno, si debían dedicar toda su jornada al gobierno de la ciudad, no podían hacerlo sin cobrar un salario. Sin embargo, el nuevo gobierno no midió las consecuencias y el Partido Popular e InPar denunciaron, de manera conjunta, la situación ante el Juzgado de lo Contenciosos Administrativo número 7, que sentenció que la decisión no tenía validez. El Gobierno presentó recurso y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado dicha sentencia por la que, si no hay recurso de casación, tanto alcaldesa como concejales deberían devolver el dinero de aquellos primeros meses antes de que se llegase a un acuerdo plenario que el Partido Popular apoyó al convencerle los recursos que se destinaron para su grupo. La situación deja varias evidencias, la primera de ellas es que el Gobierno municipal se equivocó al decretar exponiéndose a una denuncia que tenía serias posibilidades de prosperar. La segunda, que InPar queda en una posición delicada, no por la denuncia en sí, muy lícita, si no porque ahora forma parte de un gobierno de coalición con los socialistas. La tercera es que estamos ante una legislatura que ha tardado en madurar. Al Gobierno socialista le ha costado entender que no hay futuro en el actual panorama político si no hay acuerdos, negociaciones y consensos y a algunos partidos de la oposición, además de entender lo mismo, les ha costado comprender que si se quiere desarrollar una ciudad y sacarla del abismo es imposible hacerlo a través del bloqueo y la negativa por sistema. Aranjuez, con los anuncios del desarrollo de Puente Largo y de la más que probable puesta en marcha del Centro Logístico de ADIF, se ha colocado en la rampa de salida hacia un futuro prometedor y eso solo se consigue con acuerdos y consenso. Lo demás, está demostrado que no sirve.