[ Redacción. MÁS ] El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sentencia que en su día pronunció el Juzgado de lo Contenciosos Administrativo número 7 sobre la nulidad del decreto que el Gobierno socialista firmó para fijar los sueldos tanto de la alcaldesa, Cristina Moreno, como de los concejales de su grupo en el Gobierno, que apeló dicha sentencia. La ratificación del TSJM se basa en que “este es el sistema legal, el cual no se ha respetado por el Decreto recurrido ya que ha sido la Alcaldesa la que a través del Decreto de 16 de julio de 2015, ha determinado los “cargos” que deben desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva, invadiendo una competencia plenaria, por lo que el Decreto citado debe entenderse que ha sido dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y está viciado de nulidad absoluta, conforme a lo previsto en el artículo 62.1.d) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable al caso que nos ocupa (…), como así de manera acertada ha apreciado la sentencia apelada”. La portavoz del PP, María José Martínez, ha afirmado que “todos los argumentos que el Gobierno Municipal esgrimió en su recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo han sido contundentemente rechazados por el Tribunal”. Además, Martínez también ha arremetido contra los concejales de InPar manifestando que “los Concejales de In-par, que interpusieron el recurso junto al Partido Popular y ahora forman parte del Gobierno Municipal socialista, no deberían esconderse porque sería un cinismo intolerable que podría entenderse como un canje de sus convicciones por un sueldo que se paga con dinero de todos los ribereños”. Por último, la portavoz popular sostiene que “las sentencias no dejan resquicio alguno que pudiera justificar un posible recurso de casación por parte de la Alcaldesa y por ello la invitamos a que desista de interponerlo, deje así de generar gastos y costas contra los bolsillos de los ribereños y proceda a la devolución del dinero indebida e injustamente percibido y arrancado de las arcas municipales. Si Cristina Moreno tuviese una pizca de vergüenza política y de responsabilidad hacia los vecinos, la salida honorable sería su dimisión”.