Todos los lunes, a las doce de la mañana, los pensionistas ribereños se concentran en la plaza del Ayuntamiento para reivindicar algo que consideran justo y necesario para su generación pero, sobre todo, para las generaciones futuras: las pensiones

[ E. Vega. MÁS ] Se suman de esta manera a las grandes movilizaciones que los mayores de este país están llevando a cabo en todo el territorio nacional y que desembocaron en una manifestación masiva el pasado fin de semana en Madrid y en otras capitales del país. Protestan contra la pérdida del poder adquisitivo y contra el deterioro del sistema público que achacan a las últimas reformas que se han llevado a cabo en los últimos años. El Consejo de Ministros aprobó una subida del 0,25% en las pensiones para 2018, una subida que consideran insuficiente y que está muy por debajo del crecimiento del IPC. Los pensionistas piden que la subida se equipare a este crecimiento y que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas para asegurar la financiación de la Seguridad Social. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, impulsora de estas protestas y de las movilizaciones, sostiene que las reformas que han aplicado los últimos gobiernos suponen una pérdida a medio plazo de más del 35% del poder adquisitivo. Según las organizaciones sindicales más importantes del país, CCOO y UGT, los pensionistas españoles han perdido más de 650 euros de media al año en capacidad adquisitiva. Además de las reivindicaciones económicas, los pensionistas exigen que la jubilación vuelva a ser a los 65 años, que desaparezca la brecha salarial entre hombres y mujeres a la hora de cobrar las pensiones, que se elimine el copago sanitario y que la pensión mínima sea de 1.080 euros. Los pensionistas ribereños, a pesar del frío, la lluvia y las incomodidades meteorológicas se concentran cada lunes para reivindicar una prestación digna. Es, además, un elemento añadido que muchos pensionistas, debido a la gran crisis sufrida en este país, hayan tenido que sostener a familias enteras con una pensión que apenas si llegaba para pagar los gastos comunes. Las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de subir las pensiones mínimas y las de viudedad, vinculadas a la aprobación de los Presupuestos, no han parecido surtir efecto en las protestas, que se están convirtiendo en un problema electoral para los populares a poco más de un año para la celebración de las elecciones locales y autonómicas. La reducción del Fondo de Reserva del sistema de pensiones, que ha pasado de los 60.000 millones de euros en 2011 a poco más de 8.000 de este año, puede pasar factura a los gobiernos populares si no atienden a las reivindicaciones de los mayores.

Las pensiones en España

España será el segundo país más envejecido en 2050, solo por detrás de Japón, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En la actualidad, los más de 8,5 millones de pensionistas en España cobran una media de 932 euros al mes, con una fecha de jubilación que se va hasta los 67 años -65 si han cotizado 38 años y seis meses-. En Europa, de media, el pensionista se jubila entorno a los 63 años aunque la tendencia es alargar la vida laboral, una tendencia que ha provocado las protestas en diferentes países de la Unión Europea. La diferencia en cuantía de las pensiones en otros países es muy diversa y puede pasar de los 1.500 euros de media que se cobran en Suecia a los 400 de Portugal. Los países más sólidos en este aspecto son Suecia, Holanda, Francia y Alemania, que trata a sus mayores con más benevolencia que en España, Reino Unido, Italia, Grecia, Polonia o Portugal. El mayor problema para sostener el sistema de pensiones en España es que la Seguridad Social lleva en números rojos desde 2011. Desde que el Partido Popular de Mariano Rajoy llegó al poder comenzó a utilizar el Fondo de Reserva de las pensiones, que en aquel año llegó hasta los 67.000 millones para sufragar este déficit y, desde entonces, se abre la hucha para poder hacer frente a las pagas extras de Navidad y de verano a los pensionistas españoles. Pero la hucha se ha ido agotando y el Gobierno nacional ha pedido créditos por valor de 25.000 millones de euros para el pago de las nóminas.

El sistema

En España, el sistema público de pensiones es contributivo por lo que la pensión por jubilación dependerá de lo que el trabajador haya aportado a la Seguridad Social durante un periodo determinado. El tiempo mínimo de cotización establecido para poder acceder a una pensión contributiva es de 15 años y ésta será mayor según el número de años que se haya cotizado. Con el mínimo establecido -15 años de cotiación-, el trabajador. Cobrará el 50% de su base reguladora, que se calcula sumando las bases de cotización incluidas en la nómina durante los 21 años anteriores a la jubilación. Las bases de cotización para los trabajadores durante 2018 se han fijado en un mínimo de 858 euros mensuales y un máximo de 3,751. La fórmula para el cálculo de la base reguladora se obtiene sumando las cotizaciones de un trabajador en un año multiplicadas por 252 meses (21 años) y divididas por 294 meses (21 años más dos meses más por año. La cantidad resultante de esta operación es la base reguladora.

Los economistas

Los economistas más prestigiosos de este país sostienen que el envejecimiento progresivo de la población es un problema grave para sostener el sistema público de pensiones, por lo que proponen fomentar el crecimiento económico para paliar la desigualdad entre el mayor número de pensionistas y el menor número de contribuyentes. Economistas como Daniel Lacalle afirman que la subida de impuestos es una medida “con muy malos precedentes” y sostiene que esta medida es populista y que solo pretende “alimentar las crecientes necesidades del sistema con subidas de impuestos, lo cual sólo resultaría en menor empleo, menor recaudación, menores cotizaciones y menor actividad económica”. Para José Carlos Díaz, uno de los mayores problemas ha sido el “optimismo” con el que el Gobierno de Marian Rajoy ha elaborado los presupuestos durante su mandato. “En 2015, el gobierno presupuestó un incremento de las cotizaciones del 7% cuando la realidad es que no pasó del 0,8%, provocando un desfase de alrededor de 10.000 millones de euros. Para 2016 el gobierno ha repetido este optimismo prácticamente en la misma proporción, con el añadido de que al desfase de 2016 se le acumulará el ya constatado de 2015”. Respecto a los partidos políticos, desde el Gobierno popular apuestan por los planes de pensiones personales y por la prolongación voluntaria de la vida laboral mientras que para el Partido Socialista es imprescindible que al haber más pensionistas y menos cotizantes éstos vean aumentados sus ingresos para la sostenibilidad del sistema. Para los socialistas “el modelo impuesto de devaluación salarial no es sostenible en el tiempo ya que perjudica la reactivación del consumo de las familias, pone en riesgo la financiación de las pensiones públicas, al reducir las bases de los cotizantes y, además, agudiza peligrosamente las diferencias amenazando la cohesión social nacional”. En Podemos insisten en promocionar la financiación por vía impositiva o eliminar el tope máximo de cotiación de los salarios más altos mientras que Ciudadanos apuesta por hacer un sistema de pensiones transparente o alcanzar un Pacto Nacional por la conciliación laboral.