El tribunal calificó estos servicios como “excesivos y desproporcionados”

El recurso no ha prosperado y el Consistorio deberá pagar otros 1.200 euros en costas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado en costas al Ayuntamiento de Aranjuez derivadas de la sentencia sobre los servicios mínimos de la Huelga General de marzo de 2012, bajo el Gobierno municipal del Partido Popular de María José Martínez, que el tribunal ya consideró como “excesivos y desproporcionados”. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado por segunda vez el recurso de apelación presentado desde el consistorio ribereño y ha condenado a la institución al pago de 1.200 euros en costas. La primera sentencia se produjo en 2014, después de que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO presentase la denuncia. Entonces quedó anulado el decreto de Servicios Mínimos, firmado por la concejal de Personal, María Isabel Pantoja. Desde el actual Ejecutivo socialista han manifestado que aquella sentencia “argumentaba que la resolución del Gobierno municipal del PP para establecer los Servicios Mínimos de la Huelga General del 29 de marzo de 2012 no cumplía con la prevención legal de motivar los servicios mínimos y estaba huérfana de toda justificación”. Además, desde el actual Gobierno municipal han recordado que los populares fueron reincidentes en este hecho ya que en la posterior Huelga General del 14 de noviembre de 2012 “también fueron condenados por lo mismo”. La concejal delegada de Personal, Montserrat García, ha señalado que “cinco años después de aquello, el Ayuntamiento de Aranjuez sigue recibiendo sentencias contrarias a sus intereses, derivadas siempre de la prepotencia y el absolutismo con el que el PP gobernó la ciudad en sus últimos cuatro años”. García, además, ha manifestado que “la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores municipales fue una constante en el último gobierno del PP”, y ha recordado casos como los relacionados con las privatizaciones del servicio de guardias o la supresión arbitraria de las disponibilidades de algunos trabajadores. La delegada de Personal ha lamentado que el presente Gobierno tenga que estar haciendo frente a las sentencias que están llegando en relación a esos y otros casos, como, por ejemplo, la paga extraordinaria de 2012 que les fue sustraída por el Gobierno de Rajoy. Sin embargo, el hecho calificado como “más grave” por García respecto a la política de Personal del anterior Ejecutivo es la condena al Ayuntamiento a indemnizar con 25.000 euros a un trabajador municipal “que sufrió un episodio continuado de acoso laboral que llegó incluso a hacerle enfermar”. Esta situación, explica la concejala socialista, “ha llevado al juzgado a investigar a los ocho concejales que hoy conforman el Grupo Municipal del PP y que en su día formaban parte de la Junta de Gobierno que abrió al trabajador los expedientes que han resultado motivo de ese acoso laboral”.