Dos años largos de legislatura se han esfumado hasta que el Gobierno municipal ha conseguido consensuar un presupuesto con los dos partidos que le otorgaron la legislatura y con la concejala no adscrita, Mónica García. Un periodo en el que todos se han empeñado en caminar por un terreno farragoso que ha supuesto mucha más dificultad en aplicar las políticas con las que acudieron a las urnas. En este caso todos han sido responsables; el Ejecutivo por tardar en entender que el consenso con, al menos, las fuerzas políticas afines a la izquierda era imprescindible si querían caminar con una hoja de ruta propia; Aranjuez Ahora e InPar porque han tardado en entender que los intereses de la ciudad están muy por encima de cualquier otro. Pero como el refranero español es sabio, habrá que aplicar aquello de “más vale tarde que nunca”. ‘Habemus’ presupuesto, eso sí, aprobado de manera inicial a la espera de ratificación en un periodo de, más o menos, un mes. Si es mejor o peor que el último que aprobó el Partido Popular y que ha estado vigente durante todo este periodo es algo que solo lo dirá el tiempo y que los vecinos valorarán en sucesivas elecciones. Pero diferencias hay, por mucho que los populares, Ciudadanos y Acipa expresen su convencimiento de que no puede haberlas porque, entre otras cosas, el mismo debe estar avalado por el Ministerio de Hacienda, una evidencia si se entiende que el organismo del Estado intervino el Ayuntamiento ribereño por incumplimiento del Plan de Ajuste del anterior gobierno de María José Martínez, y una contradicción si se atiende a la lógica que debería aplicarse de “si tan poco difiere este presupuesto del último configurado por el Partido Popular, ¿por qué éstos no lo han votado a favor?”. Las principales diferencias que tiene el presupuesto respecto al anterior es que, entre otras cosas, contiene la municipalización de la Ciudad Deportiva de Las Olivas, incluye una dotación económica para un Pacto por el Empleo que debe ocuparse de la generación de puestos de trabajo, contempla la absorción de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda con activos que Ayuntamiento deberá explotar, destinando, además, un porcentaje de las viviendas para alquiler social. Además, asume el pago de sentencias derivadas de anteriores gobiernos que han ido llegando en la presente legislatura, como las ganadas por los trabajadores municipales por el recorte en derechos del anterior Ejecutivo y la sustracción de la paga extra de 2012. También incluye este presupuesto un plan de inversiones para el desarrollo de los barrios, avalados por los 15 millones de euros de la concesión de los fondos europeos y del PRISMA, o la compra de vehículos para la Policía Local o la puesta en marcha de un quirófano en el Centro de Acogida de Animales, marcada por la ley. Que este presupuesto, -en el que tanto Aranjuez Ahora como InPar y la concejala no adscrita han aportado sus propuestas-, es diferente al anterior es tan evidente como que la situación en estos dos años y cuatro meses ha cambiado y se necesita una adaptación. A partir de aquí, que cada uno se responsabilice en la aplicación y exponga sus argumentos para que Aranjuez decida si estas políticas son las necesarias para sacar al municipio del ostracismo económico o no, porque los mimbres que la izquierda ribereña pedía ya están sobre la mesa para hacer su cesto.