Más de 3 millones de euros de todos los contribuyentes permanecen enterrados en el aparcamiento de la calle del Rey, declarado ilegal por el Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid, en 2012.  Desde entonces, la polémica infraestructura permanece cerrada sin uso ni beneficio alguno para la ciudad, a pesar de su importante coste. 

El Fondo Estatal de Inversión Local, el conocido como Plan FEIL del Gobierno de Zapatero puesto en marcha en 2009, daba la oportunidad a los municipios de realizar infraestructuras al tiempo que se intentaba dar oxígeno a unos datos del paro crecientes. En todos los municipios de España,  se realizaron obras de diversa índole y, concretamente en Aranjuez, el Gobierno del por entonces alcalde, Jesús Dionisio Ballesteros, puso sobre la mesa dos obras que se convertirían en el quebradero de cabeza de su Gobierno y en el caballo de batalla de un Partido Popular dirigido por la actual alcaldesa, María José Martínez.

Los dos proyectos en cuestión fueron la rehabilitación de la calle del Rey y la construcción de un aparcamiento. El presupuesto total de esta última obra, tras varios modificados, fue de 3,2 millones de euros. Su mantenimiento fue de 100.000 euros anuales y constaba de 148 plazas: 74 para vender y el resto de rotación. Sólo consiguió venderse una plaza.

Esta obra de dudosa necesidad, fue aprobada en pleno el 20 de enero de 2009 con los votos favorables de los Grupo de Concejales del PSOE, entonces en el Gobierno, y del PP. Finalmente. la que entonces era portavoz de la oposición, cambió de opinión cuando empezaron las protestas de los vecinos que se opusieron de manera frontal a esta obra.

El 28 de marzo de 2010, el alcalde de Aranjuez, Jesús Dionisio, asistió a la puesta en funcionamiento oficial del nuevo aparcamiento subterráneo destacando que con la apertura del aparcamiento se cumplía un nuevo punto del Plan de Movilidad, presentado por el entonces Equipo de Gobierno  con el objetivo de implementar iniciativas que mejoraran los desplazamientos en Aranjuez. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, azuzada por el PP local,  había iniciado el trámite de interposición de un Recurso Contencioso-Administrativo contra el proyecto de construcción de este aparcamiento, al no ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana -PGOU-. La decisión adoptada por el Ejecutivo regional se fundamentaba en que el PGOU del municipio especifica que no se puede construir un aparcamiento subterráneo para no residentes en la calle del Rey, por lo que el Consistorio estaría incurriendo en una infracción grave.

Finalmente, en  enero de 2012, tras varios requerimientos de la Dirección General de Urbanismo, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid en relación con el Recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid con fecha 28 de diciembre de 2009 contra la Resolución dictada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aranjuez de 21 de enero de 2009 por la que se aprobó el proyecto de aparcamiento subterráneo en la Calle del Rey, concluyó que la Resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento gobernado entonces por los socialistas “no es ajustada y conforme a derecho, anulándola”.

Sin embargo, a pesar de que ante la sentencia cabía recurso, la ya por entonces alcaldesa Martínez decidió aceptarla lesionando, según los socialistas, los intereses de todos los ribereños.

En enero de 2012, el Equipo de Gobierno del Partido Popular optó por cerrar el aparcamiento enterrando con él lo más de 3 millones de euros invertidos en su construcción.

Demolición o uso público

El Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Madrid, César González Hernández, estimó en su fallo declarar ilegal el aparcamiento subterráneo de la Calle del Rey, en base a su uso rotacional, al no estar recogido en el Plan General de Ordenación Urbana, en vigor desde 1996.

Esta decisión obligaba al Ayuntamiento de Aranjuez a optar por la demolición de la infraestructura, tirando por la borda los más de 3 millones de euros invertidos en su construcción, o simplemente a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que permitiera el uso en rotación del aparcamiento. A simple vista no parece complicado, aunque no hay ni rastro de intención por parte del actual Equipo de Gobierno de revitalizar una obra que le sirvió para atizar al anterior gobierno socialista. A pesar de que la alcaldesa de Aranjuez anunciara, una vez comunicó que procedería al cierre del aparcamiento, que llevaría a cabo un concurso de ideas para darle un uso; a día de hoy, y a pocos meses de finalizar esta legislatura, esta infraestructura continúa cerrada y, con ella, enterrados los más de 3 millones de euros que supuso su coste.