Publicado: vie, Oct 26th, 2018

La sanidad pública, contra la pared

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[ Héctor Anabitarte ] El Hospital del Tajo se inauguró en 2008, y las deficiencias, los problemas, fueron creciendo. Falta de personal, tanto de sanitarios como de trabajadores de las privadas; se suspenden operaciones por falta de camas; aunque existía el compromiso de que a los diez años de funcionamiento se abrirían las camas de la T4, como es conocida, nada indica que eso vaya a suceder: siguen vacías, sin muebles, no se trata simplemente de abrir una puerta, y falta poco para que llegue la gripe como todos los años. Para ser atendido por un especialista pueden pasar meses. Todo esto sucede sin trascender porque pocos usuarios hacen las reclamaciones correspondientes. Si el gerente se encontrara sobre su mesa de trabajo docenas de quejas algunas cosas cambiarían. A la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aranjuez llegan personas muy preocupadas por su situación. Es necesario que el funcionamiento del Hospital esté controlado por un comité, y esto fue aprobado por la Comunidad de Madrid hace meses. En este organismo participarían sanitarios, sindicatos, el Ayuntamiento, es decir, los “pacientes” -a muchos se les está acabando la “paciencia”-, no estarían desamparado como ahora. La historia de estos hospitales, iniciativa de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, es desgraciada. El Observatorio Madrileño de la Salud publicó un informe en el que participaron UGT, CC.OO., 30 ayuntamientos y diversas asociaciones de profesionales y ciudadanas, en relación con la llamada “externalización” de los siete hospitales de gestión público-privada (conocidos como modelo PFI). Esta política provocó que se perdieran 300 camas hospitalarias, más de 6.000 profesionales sanitarios menos y grandes sobrecostes en los modelos de privatización respecto al coste de la gestión totalmente pública. Es notorio además el escaso o nulo, dice el Informe, control público sobre el funcionamiento de los hospitales y el cumplimiento de los contratos. Según el Informe el sobrecosto final de estos hospitales estará ocho veces por encima del precio de la construcción, y la concesión es a 30 años. Si no se anulan estos contratos dentro de 20 años la administración recibirá un hospital obsoleto. ¿Quién invierte cuando hay que irse? Y tampoco ha faltado “puerta giratoria”. El ex-consejero Manuel Lamela aprobó su construcción en 2005 y cuando dejó el gobierno pasó a formar parte del consejo de administración de Assignia, y qué casualidad, esa empresa gestiona servicios privatizados en el Tajo. Y hay más: en 2012 el presidente de la CAM, Ignacio González, anunció su intención de implantar la total privatización de estos hospitales. La respuesta fue contundente: en diciembre de ese año se declaró una huelga general de dos días. En el Tajo participó el 97,5% del personal sanitario y no sanitario. En el ambulatorio de Olivas participó el 98% y en el de Abastos el 84%. El asunto se llevó a la Justicia y éste anuló esta tentativa. Esta huelga contó con el apoyo de la población. Sindicatos, partidos políticos, diversas organizaciones, y por supuesto la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Esta experiencia indica que la movilización, participación activa, es fundamental.

Sobre el Autor

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- Sindicalista, periodista, escritor y activista social. Vive en Aranjuez desde 2001. Es autor de varios libros y ensayos. Como periodista ha desarrollado su labor en Buenos Aires, Madrid, Barcelona, San Sebastián y Aranjuez. Participa activamente en la asociación de inmigrantes Hombro con Hombro.

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