Publicado: vie, Sep 14th, 2018

La cuesta de septiembre

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El pasado viernes se inició el nuevo curso escolar para los alumnos de Infantil y Educación Primaria con la correspondiente ‘cuesta de septiembre’ para las familias que han de desembolsar un dinero que en muchas ocasiones afrontan con severa dificultad. Un informe de la OCU estima que el gasto anual medio de las familias ascenderá a cerca de 1.200 euros entre uniformes, materiales escolares, actividades y libros de textos, pero son éstos los que se llevan una parte importante suponiendo entre un 20 y un 30 por ciento del gasto global. La gran mayoría de centros en España usan los libros de manera intensiva desde la etapa infantil, un uso que no abandonan hasta el fin del bachillerato, una situación que ha acabado por convertirse en el gran negocio de las editoriales. Un informe reciente de Comercio Interior del Libro en España ha revelado que en 2016 se facturaron más de 850 millones de euros, cantidad que ha ido incrementándose sucesivamente, y el año pasado, la venta de estos libros supuso cerca del 40% de la facturación total de las editoriales. La ley estipula que los libros de texto tienen que tener una vigencia de cuatro años, sin embargo es bastante común que cada año cambien algunos párrafos o páginas, lo que supone que no se puedan reutilizar y ‘obligan’ a las familias a invertir de nuevo en un ejemplar aunque éste no implique cambios importantes. Tampoco ayudan los constantes cambios en las políticas de educación que han llevado los diferentes gobiernos, cambios que han supuestos modificaciones constantes en los libros, que han ido quedando obsoletos en tan solo uno o dos cursos. En algunas comunidades como Andalucía, Navarra o el País Vasco subvencionan los libros de texto. Incluso algunos ayuntamientos, como el de Aranjuez, invierten una partida presupuestaria en la compra de ejemplares que se destinan a las familias que menos recursos tienen, pero es obligado que este país se plantee con urgencia un cambio en la educación pública. Todos los partidos políticos tienen la obligación de consensuar un sistema educativo no excluyente. La educación ha de ser gratuita y universal y no son pocas las ocasiones en las que, a pesar de las becas o ayudas de las instituciones, muchas familias tienen que renunciar a las condiciones mínimas que un niño necesita para desarrollar su educación por falta de medios. Es incomprensible que en la era tecnológica en la que nos encontramos nadie haya planteado la sustitución de estos libros de texto por aplicaciones gratuitas que debería desarrollar el propio Estado. Con la inversión única en un dispositivo, los alumnos podrían desarrollar su educación mediante descargas de libros virtuales que deberían ser subvencionados por el gobierno, evitando una inversión anual que muchas familias no tienen posibilidad de afrontar. La educación no debe ser un negocio lucrativo para nadie, debe ser un instrumento que se implique en el desarrollo educativo de los niños con la garantía de un futuro mejor. Las dificultades económicas no deben suponer un impedimento para que todos los alumnos dispongan de las mismas oportunidades en las mejores condiciones.

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