Publicado: Vie, Feb 2nd, 2018

El Ayuntamiento, condenado a pagar 3,2 millones de euros por la expropiación de la ‘Charca de Secano’

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[ Redacción MÁS ] El pasado 16 de enero, el Tribunal Supremo resolvía el recurso de casación interpuesto por la empresa Promociones Alpajés S.L. y anulaba la sentencia de 2016 que condenaba a pagar al Ayuntamiento 1,2 millones de euros por la expropiación de la finca conocida como ‘Charca de secano’. La sentencia actual incrementa ese valor hasta los 3,278 millones de euros. El Ayuntamiento y Promociones Alpajés firmaron un acuerdo en el año 2000 para la reparcelación de unos terrenos en la calle Cuarteles según el PGOU de 1996. Desde el grupo independiente Acipa han recordado que “se adjudicaron al Ayuntamiento, como cesión obligatoria y gratuita, los terrenos calificados como viario y a Promociones Alpajés tres parcelas edificables, entre ellas una de 4.009 metros cuadrados especial dotacional social, el objeto del posterior recurso. En este convenio se recoge el compromiso de establecer el justiprecio por mutuo acuerdo para la expropiación, fijándose entonces en la cantidad de 30 millones de pesetas”. La promotora desarrolló dos edificios con 79 viviendas, previa cesión de viales y urbanización del ámbito. Desde Acipa sostienen que “sin embargo, el Ayuntamiento a su vez en todo este tiempo no inició el procedimiento expropiatorio para la obtención de la parcela ni, en consecuencia, se llegó a acuerdo alguno sobre el justiprecio como se recogía en el convenio”. En 2012, Promociones Alpajés presentó la solicitud de expropiación al Ayuntamiento y un año después lo hizo ante el Jurado territorial de Expropiación, que en junio de 2013 fijó la cantidad en 503.000 euros. “El Ayuntamiento solicitó la anulación del convenio por entender que el justiprecio debía ser de mutuo acuerdo y no determinado por el jurado de expropiación. También recurrió la promotora, solicitando un justiprecio de 6,2 millones de euros. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) lo fija en 1,028 millones de euros más intereses en 2016. La promotora decide recurrir en casación al Tribunal Supremo y este parcialmente le da la razón. Contra esta sentencia ya no cabe recurso”. El portavoz del grupo, Jesús Mario Blasco, ha señalado que “estamos ante otra bofetada judicial, de nuevo a cuenta del urbanismo, y de nuevo a cuenta de otro cadáver urbanístico. Convenios y expropiaciones que, o bien se desarrollan mal o directamente no se cumplen, sobrecostes. En el caso que nos ocupa, un convenio que estuvo 12 años sin cumplirse por parte del Ayuntamiento. Desde entonces han pasado gobiernos de todos los colores, se atravesó una época de bonanza económica e ingresos extraordinarios y no se ejecutó, ejecución que habría sido menos gravosa que lo que nos viene ahora con la sentencia”.

Situación económica

Para Acipa y para Aranjuez Aora esta circunstancia modifica el plan de ajuste aprobado hace unos meses. En el grupo independiente han manifestado que “se da la circunstancia de que la sentencia de 2016 fue incluida en el fondo de ordenación para el pago de sentencias recientemente aprobado por el gobierno, con lo que casi 2,3 millones de euros se quedarían fuera del mismo, provocando graves tensiones de tesorería”. En Aranjuez Ahora entienden que se dibuja un nuevo escenario económico. “Esta situción devuelven al municipio a la situación política previa al pasado verano. Hay presupuestos y hay unas nuevas ordenanzas fiscales, que antes de su puesta en marcha ya quedan obsoletas. Aún a la espera de que el Ministerio de Hacienda confirme si Aranjuez puede acogerse al último Fondo de Sentencias que se aprobó el pasado año, cabe preguntarse si esos presupuestos servirán para todo 2018, o si hay que modificar parámetros tanto fiscales como de gasto para terminar la legislatura en condiciones sostenibles para el municipio y asegurar las inversiones que son necesarias para nuestra ciudad”. Desde la candidatura ciudadana han advertido que “no estamos dispuestos a pedir más esfuerzos a los vecinos de Aranjuez y el equipo de Gobierno ha de aprender a racionalizar sus políticas de gasto y de personal, empezando por ellos mismos y sus socios de gobierno”.

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- Diseñador gráfico del Semanario MÁS.

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