Publicado: Vie, Nov 3rd, 2017

De aquellos polvos…

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Otro revés para las arcas municipales. Esta semana se ha conocido que acaba de llegar una nueva sentencia al Ayuntamiento de Aranjuez, otra de la época en la que José María Cepeda fue alcalde popular del municipio. En esta ocasión, la empresa demandante es Yeregui Desarrollo, S.L., a la que el consitorio ribereño deberá abonar cerca de cuatro millones de euros contando los intereses devengados desde 2003. En 2015 llegó la primera de las sentencias a las que Aranjuez ha tenido que hacer frente en esta legislatura. En aquella ocasión, el importe a pagar fue de cerca de 10 millones de euros a INCOCASA, una sentencia derivada de una mala planificación del Pinar de Cables en el Plan General de Ordenación Urbana de 1996. La Corporación, en sesión plenaria, acordó adherirse al Fondo de Ordenación para poder hacer frente al pago. Hace tan solo unos días también llegó la noticia de otra sentencia, la de Cabezadas, que tuvo sus inicios en la época de Eduardo García, con una denuncia de los Jesuitas en 1982 en una operación urbanística sobre las tierras de la Compañía de Jesús. Después, los despropósitos tanto de la Comunidad de Madrid como del Gobierno de José María Cepeda y, después, de los liderados por Jesús Dionisio y por María José Martínez, condenaron al Consistorio ribereño a devolver 12 millones más intereses a ISOLUX. Ahora llega otra sentencia que aprieta aún más, si cabe, el cuello de una tesorería municipal que está pagando la mala gestión de gobiernos anteriores; un problema que está sufriendo, no ya el Gobierno municipal, sino toda la Corporación y, por supuesto, la ciudadanía ribereña. Yeregui Desarrollo era la propietaria de los terenos donde hoy se ubica Cortefiel. En las últimas semanas del Gobierno liderado por José María Cepeda se firmó un convenio de permuta, entre Ayuntamiento y empresa, por las fincas situadas en el Cerro de la Linterna a cambio de terrenos con edificabilidad en el sector de AGFA, algo que denunció Pilar Quintana en aquella época cuando se sacó el pliego para la adjudicación a la empresa. Cepeda acordó aprovechamiento urbanístico y Dionisio Ballesteros, que accedió a la alcaldía semanas después, lo elevó al pleno, que lo aprobó. Sin embargo, el entonces alcalde socialista valoró que la parcela en AGFA estaba tasada en cerca de 8 millones de euros, que era mucho más que los 2,8 millones pactados en el convenio, un convenio que resultaba desproporcionado para las arcas municipales por lo que Dionisio firmó un nuevo convenio a través de SAVIA, para que la compensación por el cambio de parcelas fuese justa. Sin embargo, ese convenio nunca se hizo efectivo y después, el gobierno de María José Martínez tampoco lo liquidó, en una época en la que la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda todavía estaba operativa. Coclusión, Yeregui demandó al Ayuntamiento en 2014. Ahora, con SAVIA en una situación de insolvencia, el Ayuntamiento no puede disponer de esos bienes para cumplir el convenio con Yeregui si no se concreta la absorción de SAVIA.

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