Publicado: Vie, Sep 22nd, 2017

Sotomayor, un complejo de lujo que tumbó la Consejería de Medio Ambiente

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Tras varios años de estudios y proyectos, a principios de 2014 la Comunidad de Madrid anunció la construcción de un complejo hípico y hotelero en una parte de la finca conocida como Dehesa de Sotomayor. Sobre una superficie de 150 hectáreas, sobre las 650 de que dispone la parcela, se pretendió la creación de un macro complejo que incluiría pistas de competición y entrenamiento, graderíos, cuadras para más de mil caballos, aparcamientos y un gran complejo hotelero que estaría compuesto por cabañas, con un edificio de recepción, restaurante, gimnasio, piscinas, pistas de tenis y campos de fútbol

[ E.V. MÁS ] [ Fotos: J. Vaquero. MÁS ] Desde la Consejería de Medio Ambiente y desde el Ayuntamiento de Aranjuez, gobernado entonces por el Partido Popular, se vendió que el proyecto crearía puestos de trabajo y recuperaría la tradición hípica en el municipio. Los terrenos, propiedad de la Comunidad de Madrid, son explotados desde 2011 y por un periodo de 30 años, por la empresa Ocio Sotomayor, -única que se presentó a la licitación pública del proyecto por el que pagaría un canon de 30.000 euros anuales-, que realizaría una inversión de 15 millones de euros en la que se incluiría la rehabilitación de la Casa de la Monta, construida por Carlos III, que albergó las antiguas caballerizas de la Real Yeguada de Aranjuez. El Gobierno regional emitió un informe de viabilidad urbanística favorable; sin embargo no tardaron varios colectivos y partidos políticos en apresurarse a la oposición del proyecto ya que los terrenos estaban considerados como Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario además de estar incluidos en la Red Natura 2000. Por otra parte, el ordenamiento urbano municipal los definía como “no urbanizables, de protección y espacio de interés forestal y pasajístico”. No obstante, la finca cuenta con algunas especies botánicas, como el pítano, que solo crece allí y en Granada o aves como el búho real o el halcón peregrino. Algunas asociaciones medioambientales se manifestaron en contra del proyecto asegurando que la rentabilidad de la finca aumentaría si se utilizase para fines agroecológicos. Además del impacto medioambiental, la ejecución del proyecto afectaría también a la expropiación de los 32 inmuebles que se construyeron en la finca en 1960, viviendas de renta antigua por las que los inquilinos pagan una cantidad mínima y que están situadas en un pinar cerca de la Casa de la Monta, edificada en 1671 y que se rehabilitaría para usarla como centro docente, de eventos culturales, hotel y restaurante. Allí se alojan, desde hace más de 40 años, colonias reproductoras de murciélagos. Desde el Partido Socialista, entonces en la oposición, advirtieron que el impacto en los días de evento podría suponer una afluencia de público similar a la de una ciudad de 2.000 habitantes, lo que podría suponer “una profunda transformación del paisaje que obligaría a someter el proyecto a la evaluación del Ministerio de Cultura y de la UNESCO, para no poner en peligro la actual catalogación de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial”. Incidieron los socialistas en las enormes dimensiones del hipódromo y el lugar en el que estaría situado “frente a los cortados fluviales, únicos en la región por su orientación y vistas al Tajo”.

Medio Ambiente

En ese momento entraba en juego la Consejería de Medio Ambiente, que debería estudiar las alegaciones y decidir si incorporaba alguna al mega proyecto, redactando una declaración de Impacto Medioambiental que decidiría si su voto era favorable o desfavorable al desarrollo del complejo. En abril de 2016, la direccion general de Medio Ambiente paralizó la construcción al emitir una declaración de impacto ambiental negativa sobre el proyecto que el propio gobierno regional diseñó en 2011, al tratarse de una zona protegida. La Consejería destacaba que el desarrollo del complejo tendría un “impacto global crítico en una zona de reconocidos valores ambientales” por lo que resultaba inviable, “a los solos efectos ambientales”, según el informe, que tuvo en cuenta las 21 alegaciones presentadas por ecologistas, PSOE e IU-LV, CNT y plataformas, además de las de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II, el Ayuntamiento de Aranjuez y la propia Dirección General de Patrimonio Cultural. Esta decisión fue celebrada por varios colectivos ecologistas, como la Plataforma Salvemos Sotomayor, creada expresamente para protestar por la construcción de un complejo que definían como un “proyecto especulativo”. Raúl Urquiaga, miembro de Grama (Grupo de Acción para el Medio Ambiente) manifestaba en las páginas del diario El País que “el alquiler anual era de 30.000 euros, super barato”, asegurando que en el documento de adjudicación el precio estaba tachado y puesto luego con bolígrafo. ”No sé si era legal o ilegal, pero sí que daba un mal aspecto”. El propio Urquiaga señalaba en el mismo medio que “este tipo de acciones son las que llevaban a cabo los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, dar la gestión de una finca pública a manos privadas, por lo general a grupos de amigos, como en este caso”. Según el ecologista, el desarrollo de este proyecto no hubiese supuesto ningún beneficio para la población local. Desde el Partido Socialista, ya en el Gobierno, apostaban por un “nuevo proyecto sostenible”. El Primer Teniente de Alcalde y delegado de Urbanismo, David Estrada, recordó que el Gobierno regional “ya rechazó en 2013 la declaración de Sotomayor como zona BIC (Bien de Interés Cultural) alegando que estaba catalogada como BIP (Bien de Interés Patrimonial)”. Estrada catalogó este proyecto como “atentado medioambiental que, además, tiene informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo que desaconsejan su construcción”. El concejal socialista expresó que “lo planteado era de tal calibre que se llegaron a presentar cinco proyectos alternativos de distribución de las instalaciones, todas ellas en la vega, que han sido rechazados”. Este plan, afirmaba Estrada, suponía “la transformación sustancial de la Dehesa por las dimensiones y alturas de los edificios, ajenos al entorno y que como dice el informe afectaría a nuestra declaración como Paisaje de la Humanidad”. Además, recordó que el plan ya cuenta con procesos judiciales abiertos en el Juzgado de Instrucción de Aranjuez y en la Fiscalía de Medio Ambiente con tres frentes: la roturación de tierras protegidas sin licencia, la celebración de una boda sin permiso y las obras de reforma sin ajuste a la normativa. “La empresa hizo todo sin permisos y sin esperar los informes pertinentes. Y todo parece indicar que fue por la prisa en celebrar la boda de la hija de administrador de Ocio Sotomayor, Alonso Mencos Valdés, primo del marido de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre”.

Resolución del contrato

El gobierno socialista informó en ese mismo momento de su intención de instar a la Comunidad de Madrid, por segunda vez, de la declaración de la Casa de la Monta y la Dehesa de Sotomayor como Bien de Interés Cultural (BIC) y que la Comunidad resuelva el contrato con la adjudicataria. El propio Estrada afirmó que “Ya lo hicimos en febrero de 2015, pero el PP en el Gobierno municipal rechazó la propuesta, defendiendo los intereses de Ignacio González y, al parecer, de Esperanza Aguirre y su familia”. Estas declaraciones de Estrada tenían relación con la publicación en eldiario.es que afirmaba que la Comunidad de Madrid adjudicó en 2011 la explotación de la finca Dehesa de Sotomayor a una Unión Temporal de Empresas (UTE) cuyo administrador único era Alonso Carmelo Mencos, primo del esposo de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro. Según la publicación, en aquel entonces el administrador social era el ribereño Juan José Sáinz, ligado a la firma Metroges S.A. y al PP de Aranjuez. La adjudicación se efectuó el 16 de febrero aunque el Registro Mercantil muestra que la constitución del Grupo es del 7 de marzo. “Hasta agosto es Sáinz quien ostenta el cargo de administrador y posteriormente, Mencos que, además, encabeza la empresa Lighthorse Ventures, S.L., compañía parte de la UTE a la que el Gobierno de Aguirre encargó un proyecto que desató la polémica tanto en los grupos políticos de la oposición como en los colectivos ecologistas”.

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Diseñador gráfico del Semanario MÁS.

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