Publicado: vie, Oct 18th, 2013

Un reforma anti-municipalismo

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Ayer jueves iniciaba su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una reforma del funcionamiento de los ayuntamientos españoles que ha generado el rechazo generalizado del municipalismo. Incluso algunos alcaldes del partido en el Gobierno han levantado la voz, con mayor o menor fuerza, para oponerse a una reforma que vacía de competencias a los casi 8.000 ayuntamientos españoles para trasladarlas a las comunidades autónomas y a las vetustas y caducas diputaciones provinciales.

Se puede decir que el Gobierno de Rajoy ha sido valiente al afrontar una reforma que se hace necesaria, tan necesario como se hace el consenso en un cambio de modelo del Estado que abre la puerta a la privatización de los servicios más próximos al ciudadano. El caso más evidente es el de los Servicios Sociales, de los que en la actualidad hacen uso más de siete millones de españoles, y cuya eficacia es más necesaria ante el tamaño de la crisis económica que azota a nuestro país. Desplazar toda la gestión de los Servicios Sociales de los 179 municipios madrileños a una sola consejería sirve para empeorar el servicio, que ahora cuenta con la proximidad y la complicidad de los usuarios con los trabajadores del consistorio, y sirve además para generar paquetes de negocio atractivo para la iniciativa privada.

El caso de los Servicios Sociales se extiende a las Escuelas Municipales de Música y Danza, a la asistencia a las mujeres víctimas de la violencia machista, a las oficinas municipales de información al consumidor o a los servicios de orientación laboral y de la formación para el empleo. Con la Reforma Local de Rajoy, los ayuntamientos quedarán para organizar las fiestas patronales y para poco más que recoger las basuras y encender la luz por la noche. Eso sí, seguirán haciéndolo sin una financiación adecuada, una situación que se repetirá en diputaciones y autonomías, que verán crecer sus competencias sin ver crecer los ingresos en la caja. Tampoco se justifica la medida en la reducción de deuda pública, ya que es la administración local la más saneada de todas.

Por ello, no es de extrañar que este domingo en Madrid 2.000 alcaldes y concejales de todos los partidos políticos, a excepción del PP, pidieran la retirada de la Reforma. Una Reforma que, además de quitar competencias a los ayuntamientos, aleja al ciudadano de la participación directa en la vida política. Ejemplo de ello son los consejos consultivos como los que tiene Aranjuez (esta misma semana se reunía el Consejo Municipal de Deportes) y en los que trabajan miles de ciudadanos, sobre todo en pequeños municipios, que no perciben ningún sueldo y que solo tienen en el horizonte mejorar la vida común.

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